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El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto ley que deja en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas a partir de la semana que viene para luchar contra la pandemia de Covid-19, una vez que el estado de alarma decaiga este domingo.
Así lo anunció la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros, donde indicó que esta modificación legislativa introduce una “novedad jurisdiccional” para dar un “paraguas” de protección a las medidas extraordinarias que adopten las administraciones públicas para frenar la evolución del coronavirus.
El cambio permite que los gobiernos autonómicos puedan presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el caso de que los tribunales paralicen o tumben inicialmente las medidas que consideren adecuadas a partir del 9 de mayo, ya que la desaparición del actual estado de alarma les deja sin ese amparo y necesitarán ser autorizadas por los tribunales.
Para evitar resoluciones desiguales, Calvo explicó que el Gobierno de España aprueba este real decreto ley para que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo en un plazo máximo de cinco días y se evite así una disparidad de criterios.
Calvo también anunció como otras novedades que se extienden medidas extraordinarias como que sanitarios jubilados puedan trabajar en la lucha contra la COVID-19, que haya restricciones especiales en los viajes de terceros países afectados por el coronavirus o que las comunidades puedan tirar de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para proteger a las mujeres amenazadas en estos momentos.
Fin del estado de alarma
Calvo argumentó que esta solución permite “salir del estado de alarma con responsabilidad, con ponderación y con eficacia en coordinación con otras administraciones publicas” y se mostró convencida de que así se ofrece “una vía garantista para que el Tribunal Supremo unifique doctrina y tranquilice a los gobiernos autonómicos”.
También destacó que el Ejecutivo central cree que así es más fácil “afrontar la salida del estado de alarma con la seguridad y la tranquilidad de todos”, dado que hace un año durante la desescalada y en otoño durante la segunda ola de la Covid-19 hubo resoluciones contradictorias de tribunales, lo que llevó a que las comunidades aplicaran medidas diferentes.
Calvo adujo que esto ya no sucederá a partir del 9 de mayo porque ahora, “si se producen discrepancias” entre tribunales regionales diferentes, será el Tribunal Supremo quien “decida y unifique por todo y para todos”, de manera que “todas las comunidades autónomas puedan proponer lo mismo a los tribunales con los mismos elementos de juicio”.
A su juicio, esto otorga “un elemento más de respeto al orden constitucional” sin menoscabar que las comunidades puedan adoptar cuantas limitaciones consideren, incluida la de un toque de queda. En este sentido, indicó que antes del confinamiento del año pasado hubo municipios y comunidades que ya aprobaron medidas de este tipo al registrar altos niveles de contagios en determinados lugares.
Calvo reconoció que lo que no va a darse ya será “un toque de queda generalizado” en todo el país porque eso estaba amparado únicamente por el estado de alarma, que decae el 9 de mayo. Pese a ello, manifestó que cada gobierno regional tendrá a partir de ahora la opción de “justificar, argumentar, proponer y decidir a los tribunales situaciones como el toque de queda u otras que limiten derechos” en sus respectivos territorios.
A la hora de justificar la decaída del actual estado de alarma, la vicepresidenta del Ejecutivo presumió de que el gabinete que dirige Pedro Sánchez ha demostrado un “enorme respeto al orden constitucional” durante el último año, tanto cuando decidió aprobarlo para ordenar el confinamiento domiciliario en marzo de 2020 como ahora cuando modifica la ley para facilitar este recurso de casación ante el Tribunal Supremo de las comunidades autónomas en defensa de sus intereses y de su estrategia de lucha contra la pandemia.
Preguntada expresamente sobre el deseo del lehendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, de aprobar nuevas restricciones este mismo viernes en sustitución del estado de alarma, Calvo respondió que es “bastante razonable” que cada comunidad adopte las medidas que considere oportunas “atendiendo a sus datos” de evolución de la pandemia.
En nombre del Ejecutivo central, afirmó que “sería bastante difícil de entender” que siguiera habiendo un mismo estado de alarma nacional igual para toda España cuando cada región tiene una situación diferente. “Eso sería más difícil de entender con criterios de proporcionalidad”, sentenció como contraposición al argumento contrario que La Moncloa ha esgrimido durante los últimos meses.
Calvo sostuvo que ahora es “mucho más razonable, modulado y ponderado” que cada comunidad adopte decisiones de acuerdo a la situación que tenga que afrontar. Indicó que los gobiernos autonómicos podrán acudir al Tribunal Supremo para pedir unificación de criterio de los tribunales e incluso ofreció la posibilidad de que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, ayude a las comunidades a defender sus alegaciones.
Por último, Calvo no ocultó que todo este cambio de criterio y de actuación contra la pandemia tiene que ver no sólo con las “situaciones diferentes” que siempre han tenido las comunidades autónomas, sino también con la conveniencia de “afrontar la solución a la crisis socioeconómica que tenemos” en España como consecuencia de la Covid-19.
