El Gobierno “no contempla” la posibilidad de liberar el peaje de la AP-71 León-Astorga

Carmen Guinda interrogó acerca de la causa "por la que el Gobierno excluye a las autopistas de peaje leoneses de las rebajas o liberalizaciones previstas para otros territorios"
Peaje en la autopista AP-71. / DA

Tras una pregunta realizada por la diputada ‘popular’ Carmen Guinda en el Congreso acerca de la causa “por la que el Gobierno excluye a las autopistas de peaje leoneses de las rebajas o liberalizaciones previstas para otros territorios”, el Gobierno ha señalado que “no contempla” la posibilidad de liberar total o parcialmente la autopista AP-71 entre León y Astorga. La diputada del Partido Popular de León interrogó acerca de la situación de la autopista de peaje entre ambas ciudades. “El gobierno prevé 55 millones de euros para liberar y rebajar peajes en algunas autopistas pero quedan excluidas las de León de la planificación estatal, lo que perjudica gravemente el desarrollo económico de León, la movilidad en municipios como Valverde de la Virgen que padece una peligrosa saturación de la N-120 ,  Villadangos ve agravada la accesibilidad al polígono industrial por la autopista y Astorga se ve muy perjudicada a pesar de ser un importante nudo de comunicaciones”, indican.

Responde el Gobierno por escrito que “actualmente el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana no puede poner en marcha la iniciativa para desviar el tráfico hacia la autopista León-Astorga desde la carretera N-120 y, en consecuencia, no se tiene programada una cuantía presupuestaria específica para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista por posibles bonificaciones al peaje de vehículos si se decidiese el desvío de estos a la autopista”.

Recuerda el ejecutivo nacional que “la autopista AP-1 (burgos) se liberó de peaje porque su contrato concesional finalizó. Ese no es el caso de la autopista AP-71, cuya concesión finaliza en el año 2055. La decisión unilateral de la administración de eliminar el peaje rompería el equilibrio económico financiero de la concesión, que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones que supondría un elevado coste para el erario público”.

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