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El Gobierno pospondrá la normativa sobre la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y no irá finalmente mañana al Consejo de Ministros como deseaba la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo contrarreloj con sindicatos y patronal, según han confirmado a Servimedia fuentes cercanas al diálogo social.
Los integrantes de la mesa cuatripartita -Gobierno, sindicatos y patronal- se han emplazado a una nueva reunión este miércoles con el deseo de acercar posiciones en una materia clave para facilitar la vuelta progresiva a la actividad, limitando el impacto en compañías y empleo, sobre todo cuando el plazo para los ERTE vinculados al COVID-19 vence en quince días.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, había mostrado la pasada semana su confianza en acelerar este asunto para aprobar mañana el real decreto, pero el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, juzgaba el viernes “muy difícil” conseguirlo cuando aún no disponía del “papel” o propuesta del Gobierno, y sí estaban sobre la mesa los planteamientos de patronal y los sindicatos.
El Ejecutivo ha hecho llegar su borrador en tiempo de descuento este fin de semana con una propuesta que en círculos empresariales han explicado que resultaba “inaceptable” por sus condicionantes y limitaciones en las exenciones de las cuotas a la Seguridad Social.
El planteamiento trasladado desde Trabajo era ampliar en tres meses, desde del 30 de junio al 30 de septiembre, los ERTE vinculados al COVID-19 a negocios que sufran restricciones que limiten o impidan su actividad, con la prohibición de despedir por fuerza mayor o causa objetiva hasta esa misma fecha cuando empresarios y sindicatos pedían hacerlo hasta el 31 de diciembre.
A tal efecto el borrador considera como restricción la aplicación de las medidas de seguridad y prevención sanitarias o las limitaciones a la movilidad, de aforo y similares impuestas por las autoridades.
El Gobierno quiere primar además la reincorporación laboral priorizando en caso de ajustes las reducciones de jornada sobre las pérdidas de empleo y lo hace con exenciones en las cuotas a la Seguridad Social que benefician más a las compañías si incorporan al empleado que teniéndolo en situación de ERTE, pero pierden incentivo a medida que pasa el tiempo.
Su propuesta era que si la compañía es una pyme -menos de 50 empleados- se ahorre un 60 por ciento de la contribución a la Seguridad Social por el empleado que vuelva a la actividad en julio, un 50 por ciento en agosto y el 40 por ciento en septiembre. Si lo mantiene en el ERTE, la exención en esos meses será del 35, 25 y 15 por ciento.
En aquellas otras empresas con 50 empleados o más en plantilla el ahorro en la cuota será del 35 por ciento, 25 y 15 en las contribuciones de los trabajadores que se incorporen a la actividad entre esos meses de julio a septiembre y del 20, 10 y cinco por ciento si permanecen bajo ERTE.
Son ahorros significativamente inferiores a los establecidos en la actualidad donde aquellas empresas que incorporen empleados ha tenido una exención del 85 por ciento de la aportación empresarial de mayo y del 70 por ciento en la cuota de junio si tienen menos de 50 trabajadores y del 60 y 45 por ciento en ambos meses cuando cuentan con 50 o más trabajadores.
Para aquellos que han continuado en el ERTE con sus contratos suspendidos, la exención llega al 60 por ciento en mayo y el 45 por ciento en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y el 45 por ciento en mayo y el 30 por ciento en junio para empresas con más plantilla.
El borrador distribuido por el Ejecutivo prohíbe de forma taxativa la posibilidad de realizar horas extraordinarias y efectuar nuevas contrataciones mientras tengan algún empleado en situación de ERTE. Se mantiene además hasta el mismo 30 de septiembre la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales de las personas afectadas por los ERTE.
Las fuentes empresariales consultadas indicaron que la corta extensión de la prórroga dejaría fuera y desprovistos de la protección del ERTE a negocios tan claves como el turístico en Canarias, cuya temporada principal es durante los meses de octubre y noviembre.
Tampoco veían con convicción los umbrales de exención fijados para las cuotas de la Seguridad Social, por limitados, y en la medida que obligaría a pagar una especie de impuesto por el trabajo sin que se pueda desarrollar la actividad por la pandemia, y alertaron sobre los sectores que no podrían aprovechar la extensión del ERTE por no poder justificar las restricciones, aunque no hayan retornado a su normalidad.
