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El Consejo de Ministros de este martes aprobará impedir los desahucios a inquilinos vulnerables durante la crisis del coronavirus, además les facilitará microcréditos ‘blandos’ a largo plazo y prórrogas obligatorias mientras dure. Además, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana habilitará una ayuda por 700 millones de euros para el alquiler.
Según indicaron fuentes gubernamentales, el acuerdo incluye, por un lado, la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, hasta seis meses después a la finalización del estado de alarma. También una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que, en la práctica, impedirá subir el precio de la renta.
Además, se permitirá que todos los inquilinos que entren en zona de vulnerabilidad se acojan a microcréditos ‘blandos’, es decir, sin coste de intereses ni comisiones, y que se podrán devolver en seis años. Si pasado ese tiempo no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de 4 años más.
Paralelamente, se ampliarán las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, siendo menos restrictivas que en el resto de casos en los que se usa el concepto de “hogar vulnerable” (moratoria de hipotecas, bono social…).
Los criterios más amplios para acceder a estas medidas permitirán, en la práctica, que se acojan todas las personas paradas, afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), con reducciones de jornada y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el Iprem (incrementado por hijos y dependientes a cargo).
Si el dueño de la vivienda donde residen estas personas es un fondo de inversión o grandes tenedores la futura normativa les obligará a aplicar quitas en las deuda de sus inquilinos de hasta el 50 por ciento o bien a una reestructuración de dicha deuda en un plazo de dos o tres años. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO.
La norma ofrece una red total al inquilino en situación vulnerable ya que para aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos la futura norma prevé que dispongan de ayudas directas públicas a través del ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100 por 100 del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100 por 100 de los mismos.
Solución intermedia
El paquete que finalmente verá la luz es una solución intermedia entre la condonación de las rentas que demandaban desde un principio desde Unidas Podemos y la negativa de ministros económicos a imponer una situación así a los arrendatarios, sobre todo a los pequeños.
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido en varias ocasiones, por ejemplo, que era necesario analizar bien cualquier solución ya que al otro lado de las rentas a menudo están propietarios pequeños que precisan dichos ingresos para financiar sus gastos básicos.
La facilitad de la financiación aleja también el riesgo de que una condonación masiva ahuyente el apetito de los inversores especializados por los inmuebles en España cuando en algunas ocasiones han alertado ya sobre la inseguridad jurídica que ciertas medidas regionales estaban instaurando sobre el ladrillo.
La última fue la decisión de la Generalitat de Cataluña de obligar a los grandes tenedores de vivienda (entre ellos, bancos y fondos de inversión) a ofrecer un alquiler social a determinados colectivos, pero otras regiones también han aprobado en el pasado reciente distintas multas para sancionar a aquellos propietarios con vivienda vacías y sin alquilar.
Satisfacción de Unidas Podemos
Por este punto intermedio que supone el acuerdo, fuentes de Unidas Podemos expresaron su “satisfacción” por unas medidas que, a su juicio, han mejorado la propuesta inicial y la han dotado de mayor justicia social.
En concreto, celebran que el decreto incluye una distinción expresa entre los pequeños propietarios, que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas, y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda, que tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos.
En Unidas Podemos se muestran también satisfechos de la definición “muy amplia” que se ha logrado de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema de microcréditos públicos a interés cero que prevé el decreto y de las facilidades para la devolución de los mismos. Esto permitirá que un gran número de personas inquilinas pueda acogerse a ellos.
A este respecto, aplauden haber conseguido que el decreto contemple que el Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del Covid-19 que no logren salir de esa situación y no puedan, por tanto, hacer frente a la devolución de las ayudas para el pago del alquiler que se van a poner en marcha, lo que en la práctica derivará en una exención del pago para miles de hogares.
Por último, el ala de Unidas Podemos en el Gobierno destaca haber logrado negociar un texto que incluye la prohibición, hasta que se cumplan seis meses desde el fin del estado de alarma, de todos los desahucios por impago del alquiler a inquilinos vulnerables, así como una prórroga automática por seis meses de todos los contratos de alquiler, lo que de facto supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler en ese tiempo.
