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El Gobierno ha concedido este lunes de margen a los sectores no esenciales para que se adapten al paro y también para que, en caso de necesidad, puedan establecer un número mínimo de plantilla o turnos de trabajo “estrictamente imprescindibles” con el fin de mantener la actividad indispensable.
En la disposición transitoria primera de BOE se señala que “en aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial”.
A continuación especifica que los trabajadores del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en el real decreto ley en el momento de su entrada en vigor, “iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente”.
Además, el artículo 4 fija que “las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable”. “Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos”, indica el BOE, lo que implica que no sea un cierre total.
El Gobierno publicó el BOE al filo de su entrada en vigor -más allá de las 23.30 horas de este domingo- de modo que muchas personas ya estaban trabajando o no podían modificar sus planes. El retraso se produjo después de que el Ejecutivo estuviera puliendo el decreto todo el día aunque ya había salido aprobado del Consejo de Ministros por mañana.
Varios presidentes autonómicos habían pedido a Pedro Sánchez una moratoria. El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, por ejemplo, le reclamaron que cada comunidad decidiera qué actividad debía parar pero finalmente el Gobierno sólo da un plazo de 24 horas para que las empresas se adapten a esta nueva situación que durará, en principio, hasta el próximo 9 de abril.
PP y Ciudadanos criticaron anoche duramente la tardanza en publicar el decreto por considerar “inadmisible” mantener a los trabajadores a la espera, además de “improvisar y generar incertidumbre”.
