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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estimó que el Ingreso Mínimo Vital cuando lleve un año de funcionamiento supondrá un coste en torno a los 3.000 millones de euros.
En rueda de prensa, Escrivá reiteró que se pondrá en marcha en mayo y que comenzará a pagarse al mes siguiente, en junio. Según señaló, se está diseñando un mecanismo multicanal para solicitar la prestación, a fin de llegar al mayor número de personas vulnerables posible.
“En cuanto entre en vigor, podrá solicitarse”, indicó. También destacó que además de la Seguridad Social, se pondrán en marcha “otros canales” complementarios para facilitar su acceso. Agregó que será complementario y subsidiario a las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas.
Respecto a la demanda de los sindicatos de establecer una renta básica de carácter universal, el ministro quiso dejar claro que el Ingreso Mínimo Vital en el que trabaja el Gobierno es algo “muy distinto”. Afirmó que “una renta básica supone una nueva reconfiguración del Estado del Bienestar, en la que de momento ningún país ha entrado”.
“La prestación en la que nosotros trabajamos consiste en completar las rentas que perciben los hogares más vulnerables” hasta llegar a un mínimo y sostuvo que se trata de una medida “muy exitosa” en términos de reducción de la pobreza.
En este sentido, Escrivá precisó que se dirige a las familias más que a las personas particulares y de hecho tendrá muy en cuenta las distintas tipologías de hogares que existen.
Apuntó que las cuantías variarán en función del número de menores que habiten en la unidad familiar y que habrá un complemento especial para las familias monoparentales.
En el Senado, Escrivá señaló que el 20 por ciento de los hogares más pobres de España -aquellos en situación de pobreza extrema- se beneficiarán de estas ayudas, que pueden llegar a cubrir hasta el 40 por ciento siguiente en la mediana. Hasta el 50 por ciento de los hogares con niños podrían asimismo acceder al futuro Ingreso Mínimo.
Preguntado sobre la conveniencia de que esta prestación sea permanente, el ministro se refirió a las críticas de distintos organismos como el Consejo de Europa y Naciones Unidas sobre la elevada desigualdad que existe en España. “Nuestras políticas públicas son de las menos eficientes de la UE en cuanto a redistribución de la renta y así nos lo han hecho saber”, declaró.
Este martes, responsables de la Confederación Plena Inclusión España se reunieron con la secretaria general de Inclusión del Ministerio para buscar fórmulas que garanticen que las personas con discapacidad intelectual no quedan fuera de esta prestación.
En este sentido, Escrivá aseguró que se está estudiando la mejor manera de hacerlo. Indicó que estos colectivos ya gozan de protección en el Impuesto sobre la Renta y a través de otras prestaciones, así que “estamos estudiando la mejor manera de encajarlas en el futuro Ingreso Mínimo Vital”.
