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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, propuso que la existencia de cajeros u oficinas en núcleos poco poblados sean declarados servicios económicos de interés general para paliar el “imparable cierre de sucursales bancarias” que está teniendo lugar en las localidades del mundo rural del interior del país, principalmente en Castilla y León.
De hecho, y según señala el informe elaborado por el Defensor del Pueblo por los ‘Retos de la inclusión financiera’, consultado por Ical, el 37,6 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León no tienen abierta ni una sola sucursal en su municipio, siendo el mayor porcentaje de las ocho comunidades incluidas en el estudio del Defensor del Pueblo, seguida por la Comunidad Valenciana (22,4 por ciento) y Cataluña (22,3 por ciento).
En el extremo contrario se sitúa Andalucía, donde solo el 4,9 por ciento de las personas encuestadas para el informe no tienen sucursal en su municipio. Un porcentaje que se reduce al 3,2 por ciento en relación a la existencia de cajeros automáticos, mientras que, por el contrario, en Castilla y León el 36,6 por ciento no cuenta con cajeros en su localidad.
Puntos de acceso al efectivo cuya tendencia a la reducción, según el estudio, “no parece haber llegado a un punto de equilibrio”, dado que, en el conjunto del país, se ha producido una reducción de sucursales del 7 por ciento en un solo año y alrededor del 5 por ciento interanual en materia de cajeros, hasta llegar a las 45.233 unidades en toda España. La ratio combinada de ambas dotaciones por cada 1.000 habitantes se encuentra en 1,41, media en la que se encuentran las provincias de Salamanca y Valladolid.
Esa ratio crece, aunque no de manera especialmente significativa, en el resto de provincias de Castilla y León, con 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes en Palencia, 1,6 en León y Zamora, 1,7 en Ávila, 1,8 en Burgos y Segovia y dos en Soria, debido, principalmente, al menor número de población de estas últimas provincias salvo Burgos.
En todo caso, y debido a la paulatina desaparición de las oficinas bancarias en los núcleos rurales y en la España menos poblada, entre la que se encuentra Castilla y León, el Defensor del Pueblo considera que este proceso de cierre de sucursales y cajeros requiere de “un riguroso análisis de impacto y la proposición de alternativas para evitar que los ciudadanos queden desasistidos, sin poder hacer uso de servicios bancarios”.
De igual forma, Ángel Gabilondo también aconseja asegurar que el despliegue de la red de oficinas con asistencia presencial y cajeros salvaguarde la competencia entre las entidades, fomentando modelos de gestión multimarca. Por último, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias para que los habitantes del mundo rural tengan acceso a los servicios económicos y financieros de estas entidades.
