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El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, junto a los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, han entregado este martes a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMPCyL), Ángeles Armisén, el documento “El Consejo de Cuentas y las entidades locales de Castilla y León. Radiografía del sector público local”, una nueva publicación del órgano autonómico de control externo que compendia los aspectos más relevantes de cerca de un centenar de informes realizados desde el inicio de sus actuaciones en 2005 sobre la administración más cercana a los ciudadanos. En próximas actuaciones revisarán la seguridad informática de diez ayuntamientos, entre ellos Astorga y La Bañeza.
Amilivia ha insistido en la necesidad de dar un nuevo impulso a la rendición de cuentas para impedir que pueda existir opacidad en un porcentaje todavía significativo de las entidades locales. En este aspecto, ha recordado que el pasado mes de septiembre el Consejo de Cuentas presentó a los diferentes grupos políticos de las Cortes de Castilla y León una propuesta de reformas normativas donde, entre otras medidas, se plantea condicionar el pago de ayudas y subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas.
El pasado 11 de febrero las Cortes de Castilla y León aprobaron el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2021 elaborado por el Consejo de Cuentas. Con esta nueva programación trabaja actualmente en un total de 50 informes, de los cuales 32 están referidos al sector público local.
Gran parte de las auditorías previstas derivan de la situación ocasionada por la pandemia del coronavirus. Dentro de las fiscalizaciones especiales, en el ámbito local se verificará la repercusión en materia de tributos propios de las capitales de provincia, así como el destino dado por los ayuntamientos a los fondos recibidos específicamente para la COVID-19. También se realizará un análisis del impacto de la crisis sanitaria en las cuentas del sector público local.
Los trabajos previstos incluyen también algunas de las transformaciones sociales surgidas en la pandemia. En el ámbito local, se incidirá en la revisión de la seguridad informática de los ayuntamientos de Palencia, Ávila, Burgos, Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente.
Asimismo, se analizará la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria de las nueve diputaciones, cuestión fundamental en tiempos de crisis, y especialmente por su implicación con los pequeños municipios.
