El Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó y entregó ya a las Cortes el informe de análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León a los pequeños municipios en la etapa que va del ejercicio 2019 al de 2022, cuando alcanzó 220,3 millones de remanentes, frente a los 203,6 millones en 2021 y los 197,6 en 2019.
En esta línea, el remanente de tesorería para gastos generales de la institución provincial presenta “signo positivo” en todos sus entes dependientes y adscritos. En la entidad principal, se cifra en 154,3 millones en 2019 y, pese al descenso que registra en 2021 con 146,9 millones, alcanza en 2022 un importe de 161,6 millones de euros.
El informe que hoy divulgó el Consejo de Cuentas subraya también que el 34 por ciento del gasto en el cuatrienio citado, 195 millones, corresponde a transferencias a las entidades locales, en su gran mayoría para infraestructuras, sumando las subvenciones del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, con 113,7 millones. Anota además que el importe total por la prestación de servicios declarado por la Diputación leonesa en el periodo examinado suma 308,4 millones y que la atención a situaciones de necesidad social es la que mayores recursos demandó.
La Diputación tenía en el periodo fiscalizado cinco entes dependientes y adscritos, como eran el Instituto Leonés de Cultura, Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León, Consorcio Patronato Provincial de Turismo y Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Bragança. El 1 de enero de 2024 se produjo la cesión de activos y pasivos de Gersul a la Diputación, lo que implicó su extinción, mientras que las cuentas generales de la Diputación sobre los ejercicios fiscalizados no incluyen ninguna de las cuentas anuales de la AECT León-Bragança.
Según el contenido de las memorias que forman parte de la cuenta general, en el periodo analizado, la Diputación reconoció obligaciones por un importe total de 154 millones de euros por los servicios prestados y las actividades realizadas por las diversas áreas de la institución. Los derechos reconocidos, provenientes de las aportaciones de los usuarios y de las subvenciones recibidas afectadas a dichas actuaciones, suman 85,9 millones, lo que representa un déficit de financiación a nivel global, para todo el periodo, del 44 por ciento.
Las actividades relativas al Servicio Ayuda a Domicilio (45,5 millones); Centro Nuestra Señora del Valle (23,8); Colegio Santa María Madre Iglesia (17); Estación Invernal San Isidro (14,3); Gestión tributaria y recaudación (13,2); y la Residencia Santa Luisa (13,1), son las que mayores recursos absorben. Salvo el servicio de ayuda a domicilio y el de gestión tributaria y recaudación, el resto de las actividades citadas no forman parte de las competencias propias que la normativa atribuye a las diputaciones.
De acuerdo con el informe del Consejo de Cuentas, la Diputación formalizó en los cuatro años 447 contratos por 29,6 millones de euros, siendo los de mayor importe el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de conservación de la Red Provincial de Carreteras, Zonas Oriental y Occidental.
También suscribió en el periodo analizado 258 convenios con entidades locales, el 86 por ciento de los cuales responden a la recogida de perros abandonados y el programa ‘Crecemos’. Sin embargo. Algunos de los convenios formalizados no fueron comunicados en la Plataforma de Rendición de Cuentas o lo fueron de forma incompleta.
Personal y presupuesto
Según el informe emitido por el Consejo de Cuentas, la relación de puestos de trabajo aportada por la Diputación incluye solo la entidad principal y el Instituto Leonés de Cultura, con 1.188 y 53 puestos respectivamente al cierre de 2022, que hacen un total de 1.241, mientras que el 46 por ciento de los puestos se encontraba vacante. Los servicios o unidades administrativas relacionados más estrechamente con el apoyo a la prestación de servicios municipales aglutinan en torno al 14 por ciento de los efectivos de la RPT de la Diputación. La institución y sus entes dependientes destinaron en el periodo analizado una media del 36 por ciento del presupuesto inicial a gastos de personal.
En cuanto al presupuesto consolidado de la entidad, se situó entre los 133,5 millones de euros en 2019 y los 152,7 en 2022. A nivel consolidado, liquidó en superávit en todos los ejercicios del periodo salvo 2021. Además, en la liquidación de gastos, las operaciones corrientes absorbieron el 63 por ciento y las de capital el 37 por ciento del total.
Respecto al resultado presupuestario, el Consorcio de Gestión y Promoción del Aeropuerto de León y Gersul son los dos únicos entes que presentan signo negativo en alguno de los ejercicios del periodo, mientras que no consta ni la aprobación, ni la liquidación de presupuestos de la AECT León- Bragança.
Del total de los gastos de la institución provincial en el periodo 2019-2022, 567 millones, el 34 por ciento correspondió a transferencias a las entidades locales. No obstante, la administración general de infraestructuras, con el 89 por ciento, absorbe la gran mayoría de las transferencias concedidas. Las principales líneas de ayudas concedidas a las entidades locales durante el periodo se centraron en Plan Provincial de Cooperación; Equipamiento; Plan Juntas Vecinales; Plan de empleo; Varios; Actividades culturales, Modernización, adecuación y mejora de polígonos; y Plan de ocupabilidad.
Servicios municipales
Las ayudas concedidas por la Diputación de León toman en cuenta el número de habitantes de los municipios a los que van dirigidas, aunque no se encontraban precedidas de los instrumentos de planificación previstos en la normativa. Así, la institución no realizó el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales.
En el periodo 2019-2022, bajo la denominación de Plan Provincial de Cooperación Municipal, concedió 113,7 millones de euros en subvenciones a los municipios dentro del marco del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal regulado en la citada ley. Los importes de las ayudas concedidas en 2019 fueron 16,1 millones y aumentaron hasta triplicarse en 2022 con 49,3 millones. La institución provincial financió una media del 97,5 p0or ciento y las aportaciones municipales el 2,5 por ciento restante.
En el periodo fiscalizado aprobó varios planes especiales que se agruparían en once líneas de actuación, con un importe total de 39,9 millones, de los que las mayores cuantías corresponden a los planes de empleo y al plan de juntas vecinales.
Además, el Consejo de Cuentas señala que la Diputación no ejerce las competencias referidas a los servicios de asistencia en los planes económicos- financieros de las entidades locales, ni las de contratación centralizada, ni tampoco desarrolla las funciones respecto a la concesión de créditos por la Caja de Crédito.
Sepeis y competencias
En relación con la prevención y extinción de incendios, el informe recoge que el Pleno de la Diputación aprobó en 2022 la memoria para la creación y gestión del servicio, sin perjuicio de los convenios formalizados con los Ayuntamientos de León y Ponferrada y con las administraciones de territorios limítrofes para su prestación.
La Junta de Castilla y León financia desde 1985 los servicios de asistencia y asesoramiento establecidos por las Diputaciones y por la comarca de El Bierzo mediante una línea de ayudas específicas. En el periodo analizado, el importe de dichas ayudas para la Diputación de León se cifró en 377.480 euros anuales, es decir, un total de 1,5 millones. El coste de personal funcionario de habilitación de carácter nacional del servicio de asistencia a municipios de la Diputación de León representó el 46,9 por ciento de dichas ayudas.
El importe total resultante de los costes por la prestación de los servicios y por el ejercicio de competencias que declaró la Diputación de León al Ministerio de Hacienda a lo largo del periodo examinado se cifró en 308,4 millones de euros, siendo las funciones relacionadas con la evaluación de situaciones de necesidad social y la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, las que mayores recursos demandaron, con 162,5 millones.
Recomendaciones
Tras todo lo anteriormente expuesto, el Consejo realizó cinco recomendaciones, cuatro de ellas dirigidas a la Diputación de León y una a la Junta de Castilla y León. Entre ellas, la Diputación debería mejorar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales, en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.
Asimismo, debe priorizar el ejercicio de las competencias sobre cooperación jurídica, económica y técnica con los ayuntamientos, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial, bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. Además, debe adaptar su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos por la normativa sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración.
Informe 300
El informe emitido por el Consejo de Cuentas sobre la Diputación de León se trata de un informe con un significado especial, ya que supone el número 300 de la serie histórica de los trabajos aprobados por el órgano autonómico de control externo que preside Mario Amilivia. Por medio de todos ellos, se han realizado 2.503 recomendaciones dirigidas a los entes fiscalizados de la Comunidad para una correcta gestión de los recursos públicos, favoreciendo e impulsando la transparencia.
De los 300 informes, 147 corresponden al sector público autonómico, 142 al sector público local y 11 son resultado de los trabajos realizados en el seguimiento permanente de las recomendaciones.
La fiscalización de la Diputación leonesa -publicada ya en la web institucional- es la segunda que se aprueba de las diez programadas para las nueve diputaciones de la Comunidad y el Consejo Comarcal de El Bierzo con el objetivo de analizar si dicha asistencia está alineada con lo establecido por la normativa de régimen local.
