El Consejo de Cuentas realizará una auditoría informática en el Ayuntamiento de Astorga

El Pleno del Consejo de Cuentas ha aprobado hoy las directrices técnicas para la realización de dos nuevas auditorías especiales referidas al sector público local, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020. Así, se inician los trabajos para la elaboración de los informes “Fiscalización de la situación de seguridad informática en las entidades locales” y “Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales”.

La sesión plenaria de hoy es la tercera que celebra el Consejo de Cuentas utilizando el sistema de videoconferencia durante el periodo de estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

En relación al primero de los informes, representa una importante novedad en la actividad fiscalizadora del Consejo de Cuentas tras incorporar a su plantilla la especialización de la auditoría informática. En este sentido, la institución tiene en consideración que, en la actualidad, el sector público desarrolla su actividad en un entorno altamente informatizado e interconectado a través de Internet con ciudadanos, otros entes del sector público, empresas, etc.

En este contexto, la dependencia de las entidades del sector público con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, implica que están asumiendo riesgos nuevos, especialmente relacionados con la exposición de sus sistemas de información a un mundo interconectado. Para gestionar los riesgos asociados a este nuevo entorno, deben ser capaces de establecer los controles básicos de ciberseguridad, que permitan proteger los datos y los activos de la organización frente a las amenazas, minimizando su exposición y asegurando la recuperación en caso de que alguna llegara a materializarse.

Se trata de una auditoría operativa con el objetivo de analizar las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para la implantación de los controles básicos de ciberseguridad, así como su grado de efectividad.

Para esta fiscalización se ha fijado el ámbito subjetivo en los siete municipios con población de 10.000 a 20.000 habitantes de Castilla y León (Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente), al tratarse de ayuntamientos con tamaño suficiente para que se disponga, previsiblemente, de una estructura de TIC con cierta complejidad. Además, al ser un número reducido, permite la realización de pruebas y la comprobación in situ de los aspectos que sean precisos.