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El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados a partir del próximo 25 de mayo a los integrantes del consejo de Administración de Caja España presidido por Santos Llamas. Según información publicada por el Diario de Valladolid-El Mundo, se trata de 15 de los 17 miembros, excepción hecha del propio Llamas y de la asesinada presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que formaban parte de ese Consejo de Administración.
Entre quienes tendrán que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Rocío González, en calidad de imputados figuran los procuradores en las Cortes de Castilla y León Javier García-Prieto (PP), y José Francisco Martín (PSOE). Otros políticos que se verán en esta situación son el presidente de la Diputación y del PP de Zamora, Fernando Martínez Maillo; el alcalde de Medina de Rioseco (Valladolid), el también ‘popular’ Artemio Domínguez; el concejal y portavoz del PP en Ponferrada (León), Juan Elicio Fierro; y la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez.
Además, por el banquillo también pasarán el exalcalde de León, Francisco Fernández, que tuvo que abandonar la política después de embolsarse una millonaria indemnización de 520.000 euros, por su prejubilación de la entidad, y el hoy consejero del Banco Caja España Duero (Ceiss), Alejandro Menéndez.
El resto son el secretario general de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado, Olga Palacio, Bernardo Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Zenón Jiménez Ridruejo y Miguel Ángel Álvarez.
Según la información, en el transfondo de la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía de León contra los directivos de Caja España por un delito de “administración desleal” está el documento remitido por el Banco de España al Ministerio Fiscal, en el que se señala que “Santos Llamas no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España, ni de su sucesora Ceiss” por su condición de moroso con la Caja.
