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El consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, ha valorado hoy los datos del paro de marzo. Para Barrios, hay mucha gente que “por desconfianza” o “por desconocimiento” se está apuntando al paro “sin ser parados”. Lo dice en referencia a las personas cuyos contratos han sido suspendidos ya que, asegura el consejero, un contrato suspendido es distinto a una rescisión del mismo.
El hecho de que no haya atención personal y que se esté dando de alta a gente incluso por canales de comunicación como whatsapp impide comprobar esas circunstancias pero, dijo el consejero, en el futuro “se cribarán estos datos”, los cuales, señaló, son los peores de la serie histórica en la comunidad.
Marzo suele ser un mes bueno, señaló, para la creación de empleo en Castilla y León salvo en situaciones excepcionales. Para comparar, Germán Barrios ha dicho que en “la crisis anterior” (en referencia al colapso financiera que siguió a la bancarrota de Lehman Brothers en 2008) los datos de marzo de 2009, que fueron negativo, supusieron unas 5.000 nuevas personas sumadas al paro. Desde 2011 no había habido un marzo malo hasta llegar este.
Con la alarma sanitaria como “coyuntura”, dijo el consejero, desde el 18 de marzo empezaron a aumentar las inscripciones. Situación ante la cual ha pedido “cautela”, ya que hay gente que se está apuntando al paro que no son parados, ya que “la suspensión de la relación laboral” es algo distinto de la “extinción del contrato”. Además, señaló que no hace falta que estos trabajadores se apunten ya que las propias empresas remiten esos datos.
Por sectores
La construcción y los servicios han sido los sectores donde se ha desplomado la actividad mientras que en el sector sanitario, el de atención a mayores y en el de administrativos y seguros ha habido un balance positivo de contrataciones.
A pesar de que los datos son malos, el consejero señaló que Castilla y León, como Murcia, está entre las que menos empleo han destruido y apuntó como causa a “nuestro sector primario” y “la industria agro-alimentaria”, donde no se ha perdido empleo y que además garantiza la distribución de alimentos.
Desacuerdo con el Ministerio de Trabajo
La consejería de Empleo e Industria de Castilla y León manifiesta su rotundo rechazo a la nueva medida en materia laboral aprobada por el Ejecutivo central a través del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que conlleva una reducción sustancial de los fondos que reciben las comunidades autónomas para desarrollar sus políticas de empleo.
En concreto, ante el impacto económico de la crisis originada por el COVID-19, la normativa estatal permite que una parte de los ingresos procedente de las cotizaciones de formación que pagan empresas y trabajadores pueda dedicarse a sufragar prestaciones, a costa de recortar esta financiación a las autonomías. Y ello pese a que los asalariados ya cotizan cada mes para la protección frente al desempleo, por lo que con esta medida se está duplicando su aportación para el mismo fin.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer efectiva la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada por videoconferencia, en la que participó el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios. En el transcurso de la reunión se aprobó, con el voto en contra de Castilla y León, la distribución entre las autonomías de los fondos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).
El Ministerio asignó a esta Comunidad un total de 63,5 millones de euros para políticas de empleo, que podrán elevarse hasta los 71,2 millones a lo largo de 2020. Esta última cantidad representa algo menos del 50 % del presupuesto del PAPE que le correspondería a Castilla y León, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo e Industria, sin que el departamento que dirige Díaz haya concretado a cuánto ascendería el total de las transferencias que debería recibir la Junta este año.
En su comunicado, la Consejería de Empleo e Industria “lamenta que desde la declaración del estado de alarma el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya adoptado un conjunto de medidas que afectan a las relaciones laborales sin atender los criterios de las comunidades autónomas, pese a que en el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral deben aplicar la normativa dictada por el Gobierno. La última disposición contendida en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo supone romper con los principios de coordinación, cooperación y corresponsabilidad de las autonomías. Pese a todo, la Junta se compromete a continuar colaborando con lealtad institucional en el desarrollo de todas las iniciativas impulsadas para mitigar las consecuencias de esta crisis sobre la actividad productiva y el empleo.”
