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El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios y el Consejo de Cámaras de la Comunidad, aprobada el 28 de noviembre en el pleno de las Cortes, que dio luz verde a la norma con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios y la única abstención de los integrantes de Ciudadanos. La norma nace con la garantía de financiación estable a partir de una cuantía presupuestaria contenida en las cuentas autonómicas.
La ley pretende que estas corporaciones de derecho público adecuen sus servicios y funcionamiento a la realidad empresarial y atienda a un marco legal orientado a que sean más ágiles y dinámicas. También recoge la necesidad de que las autonomías aprueben una ley propia para adaptar el modelo cameral a las singularidades de sus territorios y su tejido productivo.
El Proyecto de Ley se estructura en ocho capítulos y 50 artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. Una de las principales novedades, considerada como uno de sus ‘pilares básicos’, es la creación del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que contempla la existencia de las entidades camerales de ámbito provincial (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y local (Arévalo, Briviesca, Miranda de Ebro, Astorga y Béjar), para garantizar una adecuada coordinación entre todas las entidades existentes, al tener atribuidas funciones de representación, dirección y coordinación del ejercicio de las facultades que tienen las entidades camerales de la Comunidad.
El reto con esta nueva ley es aprovechar las sinergias del trabajo colectivo sin renunciar a la particularidad de esta red y a los beneficios que supone su singularidad. Se trata de un proyecto que destaca por haber sido un texto participativo por todas las cámaras a través de su comisionado, que reconoce la importancia de las cámaras básicas para el desarrollo empresarial de la Comunidad.
Los diferentes grupos parlamentarios presentaron un total de 89 enmiendas a este proyecto de ley, de ellas 50 correspondientes al Grupo Socialista; 19 correspondientes a los grupos parlamentarios Podemos y también de Ciudadanos; y una única, que fue rechazada, presentada por el procurador del Grupo Mixto (UPL), Luis Mariano Santos.
