Operación Enredadera

Los alcaldes de Astorga y Villarejo y tres concejales astorganos prestan declaración por el caso Enredadera

Este martes por la mañana la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación simultánea en más de 60 ayuntamientos de España en torno a presuntos contratos irregulares
Peio García.

A última hora de la mañana de este martes han salido de la Casa Consistorial el alcalde de Astorga, el popular Arsenio García, y los concejales Pablo Peyuca González (PAL) y Javier Guzmán (PP), acompañados por efectivos de la Policía Nacional (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial bajo el mandato de la Fiscalía Anticorrupción) para prestar declaración en la Comisaría de Astorga sobre el caso Enredadera, una macrooperación policial que este martes ha intervenido más de 60 ayuntamientos en toda España. Aproximadamente dos horas antes hacía lo mismo el edil de Urbanismo, Manuel Ortiz (PP).

Los cuatro han sido trasladados en calidad de “investigados” a la Comisaría de Astorga, al igual que el alcalde de Villarejo de Órbigo, el socialista Joaquín Llamas, sin que por el momento pese sobre ellos “auto de detención”. Presumiblemente después deberán prestar declaración de nuevo, esta vez en el Juzgado de Astorga, un trámite que se podría alargar hasta el miércoles pues la jueza de guardia termina su turno a las 15:00 horas. Sí ha sido detenido en el transcurso de la operación Enredadera el ex concejal del PSOE en Astorga Juan José Simón -se desconocen los pormenores de esta acción policial que se habría desarrollado fuera de la ciudad-.

Previamente, la Policía se ha incautado de documentos en los servicios municipales, si bien se desconocen los detalles de las contrataciones investigadas y su fecha al haberse decretado el secreto de las actuaciones. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga se anuncia total cooperación con la investigación policial, aunque no se han hecho declaraciones “para no interferir en el desarrollo de la misma”.

La Policía requisó información en el Ayuntamiento de Astorga. / Peio García

 

La Policía Nacional ha comenzado este martes desde por la mañana la investigación de más de 60 ayuntamientos en todo el territorio nacional, según las primeras informaciones, en torno a posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos, aunque no se descartan otros tipos de contratos. Por el momento, se sabe que la policía investiga  a una empresa tecnológica situada en Cataluña que se llama Aplicaciones Gespol S.L, una filial del grupo Sacyr. Muchos arrestos han tenido ya lugar en Cataluña y ya se han conocido los primeros detenidos en la provincia de León esta misma mañana por la Operación Enredadera.

El cuerpo nacional de seguridad ha realizado registros en decenas de ayuntamientos, entre ellos los de Barcelona, Madrid y León, además de otros de la provincia leonesa, como los de Astorga, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y Villarejo de Órbigo.

La delegada del Gobierno en Castilla y León recuerda que la operación nacional de la UDEF sigue en marcha bajo “secreto en las actuaciones”

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, reclamó este miércoles “todo el peso” y “toda la contundencia” de la ley frente a la corrupción pero siempre tiene que haber “margen y espacio” para los “políticos decentes” que entregan su vida al servicio público. Barcones prefirió ser “cauta” ante la operación policial ‘Enredadera’ que lleva a cabo la UDEF en todo el territorio nacional y “su ramificación en Castilla y León”, porque sigue en marcha y está decretado el secreto en las actuaciones.

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