Facebook
Instagram
YouTube
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han alertado del envejecimiento de la plantilla de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, donde casi la mitad de los trabajadores superan los 55 años de edad, y de los efectos que esta situación puede tener en el medio plazo.
Sin incluir el personal docente ni el sanitario, el 48,3 por ciento (10.801) de los trabajadores de la Junta tienen 55 o más años; el 35,7 por ciento está en el grupo de edad de 45 a 54 años (7.990); el 13,7 por ciento se encuadra en el grupo de 35 a 44 años (3.058); el 2,3 por ciento tiene entre 25 y 34 años (512) y solo ocho personas pertenecen a la franja de menor edad, según datos de la propia administración autonómica a fecha del pasado mes de enero.
Para el secretario general de la Federación Regional de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Julio López, la situación es preocupante y, lo que es peor, en los últimos años se está agravando. “Estamos ante algo que se podría definir como la tormenta perfecta. No se está produciendo un relevo generacional y buena parte de las plazas que se cubren se hacen a través de interinos. Es decir, al déficit de recursos humanos hay que sumar el envejecimiento de las plantillas, lo que términos de eficiencia no es lo mejor para nadie”, aseguró.
Además, el dirigente de CCOO criticó el retraso en la ejecución de las ofertas de empleo, dado que todavía están sin cerrar las de 2018 y 2019 y no “se sabe nada de la de este año”.
No obstante, Carlos Julio López también argumentó que el envejecimiento de la plantilla de la Junta es consecuencia de la tasa de reposición establecida por el Gobierno, por lo que reclamó al ejecutivo autonómico una mayor presión para “romper” los límites que se marcan. “La edad media de los trabajadores de la Junta es cada vez más alta y es preocupante el bajo número de funcionarios por debajo de los cuarenta años”.
En términos similares se pronunció la secretaria autonómica de Acción Sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, que aseguró que estamos “ ante un problema muy preocupante, que dentro de unos años generará mucha inestabilidad laboral en una administración que, no hay que olvidar, es garante de buena parte del Estado del Bienestar”.
Fernández también advierte que la crisis generada por el COVID-19 acentuará este problema dada las dificultades para convocar oposiciones, pero denuncia que aún faltan por convocar parte de la oferta de empleo público de 2017 y 2018, que no se ha convocado “nada” de la oferta de 2019 y que para este año ni siquiera están aprobada.
A su vez, argumentó que desde 2012, cuando entró en vigor la tasa de reposición, el número de empleados públicos se ha reducido y sólo en los ejercicios 2018 y 2019 se pudo recuperar algo en los servicios esenciales.
En los últimos diez años, la Comunidad, sin tener en cuenta los empleados de las universidades, ha perdido más de 2.500 empleados públicos, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dado que de los 87.715 de 2009 se ha pasado a los 87.715, de julio del pasado año. El mayor retroceso se registró entre 2012 y 2013, cuando de 88.978 empleados públicos se pasó a 85.449.
UGT
Para el secretario de la Federación de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, los dos aspectos claves para revertir el envejecimiento de la plantilla de la Junta pasa por suprimir la tasa de reposición, “algo que UGT llevará a la nueva negociación con el Gobierno” y por la convocatoria continúa de oposiciones.
Pérez explicó que en los años más duros tras la crisis de 2008 no se convocaron oposiciones y no hubo un relevo natural, por lo que en 2018, los sindicatos mayoritarios y el Gobierno de Rajoy firmaron un acuerdo de tres años de duración que tenía, entre otros objetivos, rebajar la tasa de interinidad y rejuvenecer las plantillas. “Este acuerdo se ha ido cumpliendo de forma muy lenta, por lo que se hace necesario eliminar la tasas de reposición”.
Además de lamentar que demasiados procesos de oposiciones acaban judicializados, el representante de UGT también criticó la “dejadez” de las administraciones por convocarlas “de tarde en tarde”.
