Ecologistas en Acción solicita el “desistimiento” de la redacción del proyecto de los pantanos de La Rial y Los Morales

En un escrito dirigido al Director General del Agua, Ecologistas en Acción de la provincia de León ha solicitado el desistimiento por parte del organismo de la licitación de la redacción del proyecto constructivo, ante los “graves defectos de forma y fondo” recogidos en el pliego y un proceso de toma de decisiones “opaco y arbitrario”, que fundamentaría la ilegalidad del concurso abierto.

Los ecologistas tachan de “auténtica tomadura de pelo al contribuyente” el anuncio de licitación por 2 millones de euros de un proyecto: contrario a la Directiva Marco del Agua europea; con un estudio de viabilidad contrario a su ejecución;  un estudio de alternativas en licitación simultanea  y, que se lleva a cabo tras años de engaños,  menoscabo de la información pública y necesaria audiencia de la ciudadanía.

Entre los defectos de fondo enunciados por la asociación ecologista en su escrito, se encontraría la vulneración de la Ley de Contratos Públicos, pues esta licitación no estaría debidamente justificada al respecto de su necesidad ni oportunidad (art. 28 Ley 9, 2007), hecho manifiestamente constatado por el propio ente, quien afirma que no hay una decisión tomada sobre la construcción de las presas, e incluso licita un nuevo estudio de “ampliación y actualización de la regulación del Órbigo” de forma simultánea, con el consiguiente perjuicio al Tesoro Público y a la propia credibilidad del gestor.

Por otro lado, el año 2018 la oposición a las presas en los municipios afectados, sumada a sus cuestionados costes energéticos, llevaron a la Confederación a contratar un Estudio de viabilidad económico-financiero (10.000€), que arrojara luz sobre las decisiones a tomar. Tras ocultar sus resultados durante 4 años, el ente lo refiere ahora como un estudio meramente “instrumental”, en  un giro argumental de cierto patetismo, pues el propio presidente del Sindicato de Regantes afirmó por entonces  haber sido informado por la presidenta del organismo de cuenca de que: “de considerarse no viables en el estudio, se optaría por otra alternativa”.

La toma de decisiones que ha conducido al anuncio de  licitación del proyecto (prorroga de la DIA, inclusión de las presas en el III Plan Hidrológico y licitación de la redacción de proyecto), afirma el grupo ecologista, “ha sido viciada alevosamente desde el órgano gestor, que ha practicado una política de hechos consumados, deshonesta,  gravosa y arbitraria, instrumentalizando la redacción de un estudio a NO tener en cuenta, a fin de mitigar la oposición, ganar tiempo y prosperar en su afán licitador”.

A sumar a la casuística de fondo del contrato, entre los defectos de forma del pliego a licitar resalta la incongruencia del “objeto del contrato”, que contempla como finalidad de la actuación el refuerzo al déficit hídrico del Páramo Bajo, un escenario explícitamente descartado en la DIA de 2018. Además de ilegal (el proyecto debe ceñirse a la DIA que lo respalda), este hecho agrega aún más incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de la Confederación del Duero.

Podría darse el caso de que en el mal llamado estudio “de alternativas”, denominado textualmente: “Para ampliación y actualización del estudio de regulación de la cuenca del río Órbigo y sus afluentes” se convierta en el caballo de Trolla por el  que las alternativas a analizar no sean las dos presas de Carrizo, sino 4, 5 o 6, ya que el déficit estimado por Confederación incluyendo el Páramo Bajo, sería de 200Hm cúbicos.

Otro de los fundamentos esgrimidos por la asociación ecologista expondría la inseguridad jurídica que induce la contratación como “servicio” de la redacción del proyecto, pues posibilita la elusión de un estudio de reversión de costes (y de viabilidad), que sería  previo al desembolso de 2 millones en caso de licitación conjunta de proyecto y obra, modalidad utilizada en proyectos complejos similares como la presa de Castrovido (Burgos).

La falta de escrúpulo y rigor en el gasto lo asumirían el contribuyente o los propios regantes, quienes ya asumieran el coste del Estudio de viabilidad adverso existente y que, en base al artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, podrían verse abocados a sufragar estos dos millones de € para la redacción del proyecto, independientemente de que se lleve a cabo o no.

La falta de coherencia con la Estrategia Nacional del Agua (e incumplimiento con la ley del Clima), sería otra seria falla de la licitación en curso pues, el sistema Órbigo pierde  hoy día por sus canales más agua de la que las presas podrían albergar y, los datos respecto a las aportaciones que se utilizan falsean las posibilidades de llenado. La Estrategia Nacional del Agua aboga textualmente por la optimización del recurso disponible, la adaptación de la demanda-recurso y el mantenimiento en buenas condiciones de las infraestructuras existentes.

En lo relativo al déficit hídrico, el ente aduce desde hace más de 30 años una cuestionable insuficiencia de recursos en el sistema Órbigo, el cual ha extendido en 6000Ha su regadío con esa “insuficiencia”. En realidad, el déficit hídrico no es estructural sino coyuntural a los periodos de sequía que se producen cuatro de cada quince años, lo que hace a todas luces inviable la amortización de la infraestructura por parte de los usuarios en los parámetros que obliga la legislación, según apuntan los ecologistas en  la exposición registrada contra la licitación en ciernes.

Desde el colectivo ambientalista invitan al organismo de cuenca y a la Dirección General del Agua a clarificar sus intenciones en la provincia de León, al abandono del trilerismo discursivo y la opacidad que vienen marcando el deambular administrativo del proyecto y al rigor presupuestario y de gasto. “El proyecto está técnicamente muerto desde hace años, pero como zombie político, se ha convertido en sumidero de ingentes recursos económicos”, sentencian desde Ecologistas, “estos dineros serían muy necesarios para emprender una adaptación real a las consecuencias del cambio climático, no la adaptación de esas consecuencias a unos metabolismos económicos agroindustriales, que son los que verdaderamente necesitamos transformar”.

La asociación ha solicitado pues: el desistimiento en la licitación en ciernes y el abandono definitivo del proyecto, por las graves deficiencias que arrastra en su justificación, desarrollo administrativo y ajuste a la legalidad vigente y realidad científica.