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Ecologistas en Acción presentó este martes ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una denuncia penal contra los integrantes de la Mesa de las Cortes por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de “pasar por encima” de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el alto tribunal.
La organización afeó en un comunicado la actuación del hasta ahora presidente en funciones de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, y los cuatro procuradores que integran la Mesa de las Cortes porque deben respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Recordó que la pena por los delitos denunciados alcanzaría de seis meses a un año de prisión y de 11 a 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
También cargó contra los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos por aceptar la “invitación a delinquir” realizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñónes, para que enmienden su “ineptitud” y la de los responsables de la Dirección General del Medio Natural de Castilla y León, a través de la Proposición de Ley que se discutirá mañana miércoles en el Pleno de las Cortes.
Precisó que los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suman a otra decena de sentencias judiciales firmes del TSJCyL que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011, 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019. “La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna”, apuntó Ecologistas en Acción en un comunicado.
También, subrayó que tanto la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.
“Mínimo de capacidad”
“Resulta bochornoso que año tras año la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumpla este principio básico, y que sean las organizaciones ambientales las que deban exigir sistemáticamente ante los tribunales de justicia el cumplimiento de la más elemental legalidad”, consideró. Por ello, la organización recomendó a la Federación de Caza de Castilla y León reclamar a las autoridades regionales un “mínimo de capacidad” para sujetarse a la normativa, en lugar de arremeter contra los colectivos sociales y los jueces que están poniendo de manifiesto, sentencia tras sentencia, el “absoluto descontrol” de la caza en Castilla y León.
El colectivo calificó de “sangrante” comprobar que los procuradores de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos estén promoviendo este nuevo atropello legal a sabiendas de que las Cortes han recibido en los últimos años cuatro sentencias del Tribunal Constitucional por aprobar leyes singulares “a la carta” para sacar adelante proyectos contestados en los tribunales como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid.
Además, la organización ambiental consideró “esperpéntico” que el consejero de Medio Ambiente se envuelva en la bandera de Castilla y León para disimular su inutilidad, declarando amigos y enemigos de la región según sus filias y fobias personales, o que se escandalice por las cuatro víctimas mortales que anualmente ocasionan en toda España los accidentes con fauna silvestre al tiempo que se resiste a adoptar las medidas legales previstas para mejorar un problema como la mala calidad del aire que ocasiona un millar de muertes cada año en Castilla y León.
De ser finalmente aprobada por las Cortes, Ecologistas en Acción pedirá al Gobierno, a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros.
