Medio Ambiente

Ecologistas en Acción cree que la propuesta política para “blindar” la caza podría ser inconstitucional

El grupo ecologista pide la dimisión de Suárez-Quiñones y acusa a cazadores y titulares de cotos de conocer la situación y “callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa”
Caza en la Comunidad. / Ical

Ecologistas en Acción consideró que la Proposición de Ley anunciada por el PP para “blindar” la caza vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional. Por todo ello, y por las “graves” consecuencias ambientales, sociales y económicas de la “mala gestión cinegética” y de las sentencias recibidas en la materia desde 2003, Ecologistas en Acción volvió a solicitar la petición de dimisión del equipo directivo de la Consejería de Medio Ambiente.

La Proposición de Ley presentada este jueves por el Partido Popular y respaldada por PSOE y Ciudadanos, no tiene como objetivo “mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la actividad o la conservación de las especies”, estimó Ecologistas en Acción, sino que es “una huida hacia delante de evidente tinte electoralista”. Además, el grupo ecologista consideró que puede ser considerada “inconstitucional” al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, aspecto sobre el que existe sobrada jurisprudencia constitucional.

El grupo ecologista reiteró a través de un comunicado que ya hace un año pidió la dimisión tanto del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como del director general de Medio Natural, Jesús Ángel Arranz, por elaborar y aprobar normativa cinegética “que había sido declarada ilegal” por los tribunales, además de por no haber adoptado medidas de estudio, censo y “correcta” conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter sostenible de la actividad.

Desde Ecologistas se insistió en que los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos de caza conocían “desde hace años” que el soporte jurídico y técnico de su actividad “estaba en el aire” por carecer de estudios poblacionales y ecológicos, pero en lugar de ser “exigentes” con la Junta, prefirieron “callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa”, denunciaron.

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