Ecologistas en Acción de la provincia de León ha dirigido al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un recurso de reposición contra la autorización que permite la construcción de un segundo vaso en el Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega.
El recurso argumenta que no se ha notificado el trámite de audiencia a todos los interesados, limitando la participación real y efectiva de particulares, organizaciones, juntas vecinales y ayuntamientos. Apunta también que en el Plan Integral de Residuos de Castilla y León la ampliación del CTR ni se planifica ni se presupuesta. “Sólo se constata veladamente la necesidad de ampliar el vertedero de León, pero esa necesidad no se traslada al Programa de Medidas. Estamos ante un proyecto que no está contemplado en el plan autonómico de gestión y que por lo tanto incumple lo previsto en el Real Decreto de vertederos”, exponen.
La organización ecologista también señala que se han ignorado los episodios de contaminación del arroyo del valle de la Calzada, que han sido denunciados públicamente y en las alegaciones presentadas y que se ha mantenido el mismo sistema de tratamiento de aguas residuales en la autorización de vertido.
La actividad que realiza el CTR y que se prolongará con la presente autorización durante al menos 13 años, dicen, incumple la legislación de residuos, la legislación de vertederos y la planificación estatal de residuos, básicamente porque se seguirán eliminando un alto porcentaje (más de un 70 por ciento según datos del promotor), del total de los residuos domiciliarios y comerciales que llegan al CTR: materia orgánica, papel/cartón, plásticos, vidrio, metales, madera, textil o cerámica, que tienen salidas prioritarias mediante la reutilización, el reciclaje y el compostaje.
Por lo tanto, Ecologistas en Acción expone el recurso, “el nuevo vertedero se ha sobredimensionado arbitrariamente, ya que en 2020 será obligatorio reciclar, como mínimo, el 50 por ciento de los residuos en cumplimiento de la Directiva Marco de Residuos y de la Ley estatal 22/2011”.