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El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció hoy que la institución provincial solicitará una “moratoria” y la apertura de un “periodo transitorio” para aplicar el Real Decreto 128/2018, que obliga a los secretarios de los Ayuntamientos a encargarse también de las funciones de secretaría de las juntas vecinales que dependen de ellos. Tras reunirse con los grupos políticos de la institución, técnicos y Colegio de Secretarios para abordar posibles modificaciones a la normativa, Majo insistió en que “no se puede hacer un decreto de hoy para mañana”.
Las primeras consultas que tanto el Colegio de Secretarios como la propia Diputación harán llegar al Ministerio tendrán que ver con “temas puntuales que preocupan de manera inminente”, como las ayudas de la PAC o las certificaciones de obra de los trabajos para los que la institución provincial ya ha adelantado financiación a las juntas vecinales. “Vamos a intentar echar una mano, pero no es fácil en este momento”, explicó el presidente provincial.
En la misma línea, Majo aseguró no estar en contra de que las entidades locales menores se sometan a los controles administrativos oportunos y a que la seguridad jurídica ampare las actuaciones de las juntas vecinales, pero recalcó que “existen dudas” sobre la interpretación del Decreto, que se intentarán solventar consultando a sus responsables.
Además, el propio presidente y el diputado de Cooperación, Alfonso Arias, se reunirán la próxima semana con la federación de asociaciones de juntas vecinales, en busca de una “formula adecuada”, que pase por la agrupación de ayuntamientos o de juntas vecinales o por la ayuda del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación a las entidades que no tengan recursos. En cualquier caso, Majo insistió en que “nadie ha cesado a los secretarios actuales ni se han nombrado a los nuevos”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Secretarios e Interventores de León, Pilar Ortega, confirmó que el organismo llevará a cabo ante el Ministerio “consultas sobre actuaciones inmediatas y sobre expedientes que ya están iniciados”. “Necesitamos un análisis racional de quiénes son y qué hacen las juntas vecinales, evaluar el problema despacio y buscar un hueco para ejercer las competencias dentro de la legalidad”, explicó Ortega.
Al respecto, los secretarios municipales exigen garantías de que van a disponer de medios como el registro o la administración electrónica para poder ejercer sus funciones. Además, Ortega también consideró que no hay suficientes funcionarios habilitados en la provincia para llevar a cabo estas funciones. “Hay más de 1.200 problemas en León y más de 3.000 en toda España”, recordó.
Reunión en León
Por otro lado, las federaciones de entidades locales menores (ELM) de Galicia, Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Castilla y León, así como varias federaciones provinciales, se reunirán este sábado en el Hotel Infantas de León para analizar la situación en los distintos territorios y decidir qué actuaciones se van a desarrollar tras la aprobación del Real Decreto.
El objetivo del encuentro es plantear “medidas inmediatas, a corto y medio plazo, ante la gravedad de la situación que está provocando la parálisis de muchas entidades locales menores y el colapso de muchos ayuntamientos”, adelantaron fuentes de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, a través de un comunicado. Las federaciones ya han tenido contactos con el Ministerio y se han realizado propuestas que se van a reforzar con los planteamientos que salgan de la reunión del sábado, avanzaron las mismas fuentes.
Al respecto, los responsables de la federación leonesa criticaron que el nuevo reglamento se ha adoptado “sin atender a la realidad de los distintos territorios” y consideraron que “debe replantearse para que sirva para modernizar este nivel de la Administración pública, reforzando las garantías y los controles de legalidad y económicos, pero no paralizando la actividad de toda la Administración local rural”.
