La Diputación de León, tras la comunicación recibida por el Procurador del Común de Castilla y León en relación con la derogación de la ordenanza que regula la tasa de coste de medición de niveles sonoros, señala que ya tenía previsto someter a debate y aprobar la supresión de dicha tasa durante la celebración de la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que está prevista para el próximo lunes, 16 de enero.
La institución quiere mostrar su malestar por la premura a la hora de trasladar a los medios de comunicación esta sugerencia, al tiempo que recuerda que esta competencia la lleva a cabo la Diputación provincial con medios propios, a instancia de los ayuntamientos que carecen de los mismos. Así, destaca que en 2014 se llevaron a cabo seis mediciones y cinco en 2015, lo que supuso un desembolso de 715 euros para los ayuntamientos en dos años.
El Procurador del Común inició de oficio una actuación para conocer el funcionamiento del servicio de control de ruidos en los municipios de menos de 20.000 habitantes tras la cual sugirió a las Diputaciones de León y Salamanca que no cobren por ese servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes, según informó este martes la institución autonómica.
El artículo 22.1 de la Ley del Ruido de Castilla y León determina que “la prestación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los ayuntamientos de más de más de 20.000 habitantes y de las Diputaciones Provinciales del servicio de control del ruido, tendrá la consideración de servicio de prestación obligatoria”. La institución que dirige Javier Amoedo quiso conocer el grado de implantación por las nueve diputaciones del servicio de contaminación acústica y comprobó que la forma de prestación es desigual.
Así, la mayor parte decidieron prestarlo con medios propios, como el caso de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Soria, mientras que Palencia, Valladolid y Zamora optaron por empresas contratadas o técnicos universitarios. En el caso de Burgos, que manifestó no desarrollar ninguna labor en esta materia al no contar con peticiones, el Procurador del Común constató a través de una queja recibida en el municipio de Valle de Santibañez que fue la Diputación la que realizó la medición de ruidos sufragando la administración provincial dichos gastos.
Al Procurador del Común no le corresponde determinar si la prestación del servicio debe llevarse a cabo por medios propios o contratando dicho servicio con un tercero. Sin embargo, resaltó el hecho de que únicamente dos Diputaciones Provinciales, León y Salamanca, exigen una tasa a los Ayuntamientos para llevar a cabo dicha medición de ruidos, mientras que las restantes lo hacen de manera gratuita.
La Diputación de León requiere a las corporaciones peticionarias una tasa de 65 euros que debe ingresarse previamente al solicitar la medición. Por su parte Salamanca, solicita a los municipios el abono de una tasa de 48,10 euros en horario diurno y de 90,15 euros en horario nocturno. Por esa razón se considera que León y Salamanca, al igual que ha hecho Soria, deberían valorar la modificación de la normativa reguladora de tasas con el fin de no gravar los recursos de los pequeños municipios en dichas provincias.
