El Consejo Consultivo de Castilla y León y la Diputación de León participaron este viernes en una jornada de formación en la que se pretende mejorar las capacidades de los técnicos y funcionarios de las administraciones locales para hacerlas “más cercanas” y que puedan prestar mejor atención a los ciudadanos. Además, ambas instituciones abogaron por “caminar de la mano” para conseguir estos objetivos, explicó el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo.
El presidente de la Diputación de León recordó que durante estos años, la institución que dirige ha pedido al Consejo Consultivo un total de 27 dictámenes, en su mayoría relacionados con expedientes de responsabilidad patrimonial, daños y otras cuestiones, algunos de los cuales son obligatorios, si bien puntualizó que también ha habido informes preceptivos por parte de la administración.
Majo insistió en la necesidad de “caminar de la mano”, en especial ante la próxima aplicación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que afectará “de manera directa” a partir del próximo mes de octubre, para así conocer los cambios y la magnitud de esta nueva norma. “Es bueno que el Consejo Consultivo nos diga todas aquellas cuestiones que la administración local en su conjunto podemos recurrir y consultar para evitar que los ciudadanos tengan que hacer reclamaciones innecesarias y se puedan atender de manera adecuada”, señaló.
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, apostilló que esta jornada, que ya se ha celebrado en otras provincias de la Comunidad y que seguirá su recorrido por el resto, pretende formar a secretarios e interventores, que son los encargados de la fiscalización de las cuentas públicas y el asesoramiento legal de las diferentes instituciones. “Queremos dar a conocer el Consejo Consultivo y detalles de nuestro trabajo, que puedan ser útiles para quienes tienen que llevar a cabo estos trabajos”, dijo.
En esta jornada se ha celebrado una ponencia sobre la Ley de Procedimiento Administrativo, pero también otra informando de los dictámenes del Consejo Consultivo y también sobre el Tribunal de Recursos Contractuales de la administración, así como de asuntos relacionados con la administración pública. En este sentido, Amilivia recordó que el Consejo Consultivo de Castilla y León es “el único que a su vez es Tribunal de Recursos Contractuales de la administración”, un órgano que aprobó más de un centenar de resoluciones contractuales, lo que implica un montante de 500 millones de euros de los contratos que han sido objeto de recurso y de resolución por parte del tribunal.
Este órgano que, según Amilivia tiene “una gran importancia”, está además viviendo “un momento totalmente novedoso desde el punto de vista de la legislación en materia de contratación pública” dado que algunas de las directivas son de aplicación directa en España, una vez que ha vencido el plazo para trasponer a España las directivas de la Comunidad Europea.