No ha comenzado oficialmente la campaña electoral para las generales del 20 de diciembre y ya estamos saturados de encuestas, tanto a nivel nacional como provincial. La mayoría de ellas coinciden en los básico: ganará el PP por los pelos, muy seguido por el PSOE y Ciudadanos y con Podemos algo más descolgado que en encuestas anteriores. Es decir, incertidumbre total.
Es la misma incertidumbre que se pronosticó y acertó antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas. En aquel momento se hablaba del riesgo que suponía el fin del bipartidismo y de la irrupción de los partidos emergentes, como Podemos (o candidaturas franquiciadas locales) o Ciudadanos. Al final, los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos se constituyeron sin que los agoreros triunfasen, es decir no ha habido ni vacío de poder, ni inestabilidad de ningún tipo. Ante la pérdida de las mayorías absolutas, los dirigentes de los partidos han aprendido a negociar y a pactar y el resultado es que hay estabilidad política en la mayoría de las instituciones locales y autonómicas. La conclusión es que los ciudadanos han perdido el miedo a la caída del régimen del bipartidismo y ello ha traído más transparencia y participación en la gestión.
Ahí están como ejemplo la constitución de comisiones de investigación por posibles casos de corrupción o de irregularidades manifiestas en las Cortes de Castilla de León o en el Ayuntamiento de la capital leonesa por poner sólo dos ejemplos sintomáticos. Algo impensable en los últimos veinte años dado que el rodillo de las mayorías absolutas frenaban todo tipo de autocrítica y, sobre todo, los intentos de investigación desde dentro de las propias instituciones. El resultado durante esos años de atrás ha sido la excesiva judicialización de la vida política, y a que a los partidos de la oposición la única salida que les quedaba tras la opacidad de los gobiernos era recurrir a la Justicia mediante denuncias y querellas. Un camino lento y plagado de dificultades, dada la evidente politización y falta de independencia real de la Justicia.
Ahora prevén las encuestas una situación similar a nivel nacional. Hay una reñida batalla entre cuatro partidos políticos para formar gobierno tras el próximo 20D. Y los agoreros vuelven a esgrimir la amenaza de los cuatro jinetes de la apocalipsis. Como si el ciudadano medio español, no fuera ya maduro en la toma de sus decisiones políticas. Dicen las encuestas que ya no vale la consabida amenaza de “yo o el caos” y que ahora, en estos momentos previos a las elecciones, lo que hay que hacer es debatir, contraponer programas, medidas y promesas.
La sociedad española demanda debates electorales y cuantos más mejor. El otro día, los líderes de Ciudadanos y Podemos debatían cara a cara en una universidad madrileña ante más de mil quinientos jóvenes y al acto resultó un éxito total, a pesar de que cientos de universitarios no pudieron acceder al recinto al estar el aforo completo. Ayer se celebró otro debate entre varios candidatos nacionales a través de las redes sociales y en los próximos días habrá más.
En el PP prefieren reservar a su candidato a la Presidencia del Gobierno y evitar su participación en estos debates. Es un error táctico y estratégico. Ya no vale aquello de que el buen paño en el arca se vende, sobre todo si se quiere acaparar el mercado, es decir si se busca la mayoría absoluta o una mayoría suficiente para gobernar. Ahí está el caso del vecino Portugal.
En países como Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña no se conciben unas elecciones sin debates de todo tipo, incluso en las primarias para elegir a sus candidatos. En España, los debates son opcionales y no una obligación. Otra mala costumbre que hay que erradicar y legislar y no sólo a nivel nacional sino también a nivel local, provincial y regional. Los debates son la esencia de la democracia.
