El Consejo de Gobierno aprobó hoy la financiación con 820.000 euros de la construcción del segundo vaso de vertido en el depósito controlado de residuos de San Román de la Vega, León, cuyo plazo de ejecución se estima en once meses y la inversión en 11,8 millones, de los que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aporta el 30 por ciento.
El acuerdo aprobado permitirá a la empresa pública Somacyl iniciar la construcción del nuevo vaso de rechazos en el Centro de Tratamiento de Residuos sólidos urbanos de San Román de la Vega. Según la Junta, Somacyl también se ocupará de la gestión durante quince años y de su sellado final una vez colmatado.
El nuevo vaso ocupará una superficie de más de 130.000 metros cuadrados, con una capacidad de dos millones de toneladas de residuos que permitirá una vida útil de quince años, teniendo en cuenta que la producción anual de residuos asciende a 150.000 toneladas.
El proyecto del nuevo vaso plantea un plazo de ejecución de once meses y un desarrollo en cuatro fases que serán selladas a medida que se vayan colmatando. Igualmente el proyecto incluye la impermeabilización, desgasificación, dren de seguridad, tratamiento de lixiviados y programa de vigilancia y control.
El proyecto supondrá una inversión global de 11,8 millones de euros, de los que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aportará el 30 %. El resto de la inversión correrá a cargo de Somacyl que lo repercutirá de forma diferida en la tarifa.
El CTR de San Román de la Vega, en funcionamiento desde 2004, dispone de una planta de tratamiento y depósito de rechazos con capacidad para 1,7 millones de toneladas y actualmente está ya sellado parcialmente y prácticamente finalizando su vida útil por lo que se hace necesaria la construcción de un nuevo vaso de rechazos que siga dando servicio los próximos años.
La actuación se enmarca dentro de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado en 2014, que contempla, entre sus líneas de actuación, la consolidación de un modelo integral de gestión de residuos domésticos y comerciales, de acuerdo a la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.