Comisiones parlamentarias de investigación

Castilla y León es una autonomía del montón, que hace de su mediocridad una virtud. Esta es una de las características de la gestión que los sucesivos gobiernos del PP vienen aplicando en esta Comunidad desde hace treinta años, mandatos todos ellos ejercidos con una consolidada mayoría absoluta. Estar en la tabla media de todas las estadísticas es uno de los principales objetivos. No destacar ni para bien ni para mal. En el medio está la virtud. Y, por consiguiente, no ofrecer escándalos de ningún tipo. Sobre todo en materia de corrupción.

En las elecciones autonómicas de hace un año, el PP perdió la mayoría absoluta por los pelos. Pero la perdió. Y ello ha obligado a los populares a adaptarse a la nueva situación y endulzar un poco su gestión basada en puño de hierro en guante de terciopelo. Una de las primeras consecuencias ha sido abrir una serie de comisiones parlamentarias de investigación sobre determinadas contrataciones o adjudicaciones de obras públicas.

Así, dentro de unos días, el presidente de la Comunidad, Herrera, comparecerá a declarar en la comisión de investigación sobre la adjudicación de la construcción del hospital público de Burgos, cuyas obras y servicios han terminado con un sobrecoste escandaloso. La gestión de este hospital se ha privatizado y lo partidos de la oposición encuentran en esas adjudicaciones una serie de irregularidades, enchufismos, amiguismos y mala gestión.

Hay abiertas otras comisiones parlamentarias de investigación, como la que se refiere a la “trama eólica” o sobre la construcción de la sede de la Consejería de Economía en las afueras de Valladolid. Y ahora tampoco se descarta que se cree una nueva comisión para investigar el porqué de unos gastos ordinarios que se elevan a más de ocho millones de euros en 2014 de la Junta en temas tan superfluos como bazares chinos, joyerías, cafés, multas de tráfico, compras en supermercados, bares de copas y un largo etcétera más de una lista que más parece la de la compra de una familia normal que la de un gobierno autonómico.

Evidentemente no se trata de prejuzgar casos de corrupción, que es muy posible que haya justificación política, administrativa y económica para estos temas que se tratan de dilucidar, sino de poner en evidencia la necesidad de una mínima transparencia en la gestión pública. En los últimos treinta años, esa transparencia ha brillado por su ausencia en virtud de la repetida mayoría absoluta de la que han disfrutado los sucesivos gobiernos del PP.

Gozar del respaldo continuado del apoyo mayoritario de los ciudadanos en las urnas no es un certificado eterno de buena gestión ni un aval de impunidad. Es un respaldo político a una gestión, no exenta de caer en rutinas y hábitos poco claros y menos transparentes. Afortunadamente, Castilla y León no ha sido en todos estos años protagonista de escándalos sonoros y mediáticos de corrupción, salvo por la participación de algunos nombres propios de gran notoriedad, que están siendo investigados por la Justicia en casos muy conocidos a nivel nacional como “Gúrtel”, Púnica” y otros.

Herrera gobierna Castilla y León como un abad lo hace con su monasterio. Con mucho paternalismo, con cierta austeridad, con escasa notoriedad, con un meditado perfil político bajo y siempre encomendándose a la católica providencia. Las ideas calvinistas ya fueron juzgadas y quemadas en la plaza mayor de Valladolid por la Inquisición y sus efectos perduran hasta hoy.

Por todo ello, y como  no hay nada que ocultar, tal y como le ha costado reconocer al PP, bienvenidas sean todas las comisiones parlamentarias de investigación que se crean necesarias con tal de ejercer el principio sacrosanto de transparencia democrática y por la necesidad de abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco y airee el vetusto caserón conventual de la Junta de Castilla y León.