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CCOO y UGT temen que las medidas proteccionistas en favor del empleo y de las empresas puestas en marcha tanto por el Gobierno como por la Unión Europea para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19, no sirvan para frenar un incremento de la conflictividad laboral después del verano.
Para el secretario de Política Sindical de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, habrá que esperar a la evolución de los ERTE, tanto los de fuerza mayor como los declarados por causas objetivas, pero da por hecho que la conflictividad se incrementará cuando las empresas comiencen a congelar salarios y descolgarse de los convenios colectivos.
No obstante, tanto para Santa Eufemia como el secretario general de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, el lado positivo de la crisis del Covid-19 son las medidas que en favor del empleo y las empresas están aplicando todas las administraciones, desde el Gobierno a la Unión Europea, además de la Junta de Castilla y León.
“En la anterior crisis se optó por otros tipos de políticas. Entonces todo fueron ajustes del gasto; recortes en derechos laborales y prestaciones y, como colofón, la reforma laboral”, aseguró Fernández, a la vez que advirtió que ambas crisis son difíciles de comparar, ya que ahora la clave de la vuelta a la normalidad pasa por la sanidad y depende de una vacuna.
No obstante, el dirigente de CCOO reconoce que “no son tiempos sencillos” y que los problemas puede aparecer cuando se anuncien nuevos ERTE una vez que se levante el estado de alarma. “Ojalá entonces se mantenga todas las medidas de protección que ahora están en vigor. Aunque nos dicen que el objetivo es que nadie se quede atrás en esta crisis, es una realidad que en este tipo de situaciones siempre hay gente que sale perjudicada”, aseveró.
Tanto Fernández como Santa Eufemia coinciden en señalar que cualquier pronóstico es complicado, dado que la evolución de la pandemia está llena de incógnitas. A pesar de todo, para el dirigente de UGT el peor escenario sería que el actual marco de protección y de diálogo social se rompiera y que las empresas, como pasó en la anterior crisis, adopten medidas destructivas. “Si queremos mantener el tejido empresarial y salir fuertes a Europa y el mundo cuando esto pase, hay que seguir por la senda marcada ahora”, afirmó.
Evolución
El pasado año la conflictividad laboral se redujo en Castilla y León un 23,8 por ciento, hasta un total de 32 huelgas, diez menos que en 2018. Además, los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social revelan que el número de trabajadores implicados en estas protestas cayeron un 77,6 por ciento, hasta un total de 2.198, muy lejos de los casi 10.000 del ejercicio anterior. En consonancia, el número de jornadas perdidas por las huelgas bajó un 85 por ciento en Castilla y León, tras pasar de 16.930 a 2.540. Por el contrario, en el conjunto de España las huelgas acumuladas durante 2019 fueron 856, 130 más que en 2018.
En la Comunidad habría que remontarse a 2014, cuando secundaron 47 huelgas, para encontrar un año tan conflictivo. En 2015 fueron 34, en 2016 la cifra descendió a 16, el año de mayor social desde la crisis de 2008 y en 2017 fueron 24 huelgas.
En los dos primeros meses de este año 202 trabajadores de empresas de Castilla y León han secundado huelgas, por los 283 del pasado año, lo que supone un descenso de casi el 30 por ciento, mientras que las jornadas no trabajadas fueron 109, por las 436 de enero y febrero de 2019.
