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El secretario de Política Sindical de CCOO Industria de Castilla y León, Manuel Ramos, denunció este jueves el “bloqueo” de las negociaciones con las empresas de los operativos privados que contrata la Junta en la lucha contra los incendios y anunció que han presentado un conflicto colectivo en el Serla sin descartar movilizaciones. El sindicato, como explicó el secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, Mariano Sanz Lubeiro, apuesta por un estatuto nacional de bomberos forestales, cuya propuesta ha presentado ya a los partidos políticos, que homogenice las condiciones de estos profesionales ante la precariedad que sufren en Castilla y León frente a otras autonomías.
Ramos recordó que en Castilla y León las empresas privadas aportan al operativo en la lucha contra incendios 1.567 trabajadores, en 30 empresas, con 111 cuadrillas terrestres, 60 helitransportadas y nueve nocturnas, frente a los 2.300 de personal público.
En este sentido, constató que las empresas privadas compiten en concurso público y sus empleados “realizan” tanto tareas silvícolas con maquinaria pesada como de extinción de incendios, “un dos por uno”, con una categoría en el 90 por ciento de los casos de peón, cuando debían ser oficiales, disponibilidad las 24 horas, jornadas inacabables y “penosas condiciones”.
El dirigente sindical denunció el tiempo que no se paga a estos obreros por sus desplazamientos al monte, constató que conducen todoterrenos por pistas forestales sin formación, y puso de relieve que lavan su ropa en casa, cuando pueden introducir “sustancias químicas que pueden ser cancerígenas”.
Manuel Ramos constató además que sus contratos duran entre tres y seis meses, y “muchos llevan 15 o más años con contrato tras contrato por obra y servicio y antigüedad cero, por 990 euros al mes y un euro al día por estar disponibles las 24 horas”.
En este contexto, CCOO exige para el nuevo convenio bloqueado “dignificar” las condiciones laborales de estos profesionales, con subidas salariales de entre el dos y el tres por ciento; la categoría de bomberos forestales, que la jornada acabe en los puntos de encuentro, no en el monte, y una mejora de seis euros por disponibilidad. Asimismo, exigió que las jornadas no duren nunca más de ocho horas, elevando las plantillas. Frente a esto, indicó, la patronal les puso sobre la mesa un alza salarial de un punto y entre 0,1 y 0,2 céntimos para los pluses, por lo que han acudido al conflicto colectivo, y a partir de ahí analizarán si salen a la calle. Por último, explicó que han pedido a la Junta su “intervención directa” en el conflicto como responsable del servicio.
Un operativo público
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la Comunidad, Carlos Julio López Inclán, también intervino en la rueda de prensa, y apeló a que el operativo “debería ser completamente público, lo que mejoraría sustancialmente las condiciones”. “Ahora prima la piratería”, sentenció.
Asimismo, constató que en manos públicas “sería además más fácil gestionar el operativo para los peores momentos, a través de una única dirección”. Asimismo, defendió que es necesario invertir más en “personal, equipos y formación” y “elevar la jornada anual que realizan hoy los fijos discontinuos, que está entre los tres y los nueve meses. Por último, denunció que la Junta ha incumplido su compromiso de invertir tres millones en el operativo cada año desde 2018 hasta 2020.
Propuesta de estatuto
Mariano Sanz Lubeiro repasó durante su intervención su propuesta de estatuto de bomberos forestales para unos trabajadores que están en primera línea de la lucha contra el fuego, y explicó que si en España, el 49 por ciento de estos profesionales pertenecen a la Administración pública; un 38 por ciento a empresas vinculadas; y un 13 por ciento a actividades privadas; en Castilla y León, esos porcentajes son del 33, 23 y 44 por ciento, respectivamente.
Lubeiro puso de relieve que en Andalucía estos profesionales pertenecen a una empresa pública, tienen categoría de bomberos forestales, trabajan todo el año y durante la COVID se les consideró esenciales, mientras que en Castilla y León el 70 por ciento del operativo solo trabaja tres meses, tienen categoría de peón y sus jornadas son interminables. Asimismo, los trabajadores andaluces cobran 1.400 euros y los de la Comunidad 990.
“Existe un vacío de normalización de las funciones de este colectivo, que sabemos que hace lo mismo en todos los sitios”, resumió, para exigir que se homogenicen sus condiciones a través de ese estatuto, potenciando este sector, porque “los fuegos se apagan del 1 de enero al 31 de diciembre”. “Hay que estabilizar el empleo y establecer salarios dignos”, dijo, para denunciar que en la Comunidad, “el grueso son estudiantes, agricultores u otros trabajadores, que están tres meses y no adquieren una profesionalidad que es fundamental”.
Lubeiro explicó que en su propuesta de estatuto exigen junto a esa apuesta, el establecimientos de coeficientes reductores de jubilación, protocolos frente a enfermedades profesionales y una apuesta por lo público. Finalizó recordando que este es un compromiso del acuerdo político para el Gobierno de España de PSOE y Podemos.
Por último, el secretario de Organización de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Castilla y León, Rafael Hernández Lorenzo, comentó que el estatuto debe dar solución a todos los problemas de estos trabajadores y en el caso de las brigadas de tierra, que se reconozcan sus derechos. “No puede ser que en Castilla y León se trabaje con categoría de peón y en Andalucía, con la de bombero forestal, no hay por donde cogerlo”, concluyó.
