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Castilla y León será la segunda comunidad autónoma, tras Baleares, en la que más crecerá el número de personas pobres por la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. Este colectivo aumentará un 10,97 por ciento, al pasar de los 376.291 a los 417.553, tras la irrupción del coronavirus, lo que llevará a unos 41.262 castellanos y leoneses a la pobreza.
Así se desprende del último informe de la ONG Oxfam Intermón ‘Una reconstrucción justa y necesaria es posible’, que alerta de que la crisis socioeconómica causada por la pandemia deja en España una huella “desigual” que, a largo plazo, puede ser “más grave” que el coronavirus.
En ese sentido, el estudio calcula que habrá más de 700.000 personas adicionales en la pobreza, y además, según las estimaciones de la organización, el previsible aumento de la desigualdad supondría acabar con la reducción de ésta durante los últimos cuatro años. Además, indica que las personas con menores ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, según los cálculos de la ONG.
Asimismo, las autonomías que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza son Baleares (11,69 por ciento), Castilla y León (10,97), Aragón (9,72) y Cataluña (9,43). En términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarían a estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más, mientras en la Comunidad serán más de 41.200.
En cuanto a la tasa de pobreza, el territorio con un mayor aumento es Extremadura (2,59 puntos porcentuales), seguida de Andalucía (2,38) y Canarias (2,14). El informe contempla un aumento para Castilla y León de 1,72 puntos, al pasar la tasa de pobreza del 15,66 por ciento al 17,38 por ciento, la novena tasa más baja.
Respecto a la desigualdad prevista por el COVID-19, la comunidad con un mayor aumento -Variación (en puntos de Gini)- es Andalucía (1,71), seguida por Canarias (1,67) y Extremadura (1,65). En el caso de Castilla y León el incremento es del 1,32, con un índice post COVID del 27,9. Los valores más altos se prevén en Madrid (33,11), País Vasco (31,94), Cataluña (31,37) y Baleares (31,07).
Trabajadoras precarios
En apenas 22 días, Oxfam Intermón calcula 900.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social por la paralización de la actividad económica, con especial afectación en sectores como la construcción o la hostelería en los que el 73 por ciento de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.
En el caso de la población migrante, su tasa de desempleo en 2020 podría quedar diez puntos por encima de la de las personas nacidas en España. Su probabilidad de perder el empleo según las estimaciones de la organización es de un 149 por ciento sobre la población de nacionalidad española. Oxfam Intermón también calcula que el impacto de la Covid19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.
En cuanto a las mujeres, la ONG recuerda que de cada diez personas que reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y que casi la mitad (46,27 por ciento) de los contratos firmados por mujeres el año pasado fueron contratos parciales.
“Hay personas que están en la primea línea de la respuesta sanitaria y social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo precarias”, afirmó la responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
“Tenemos que garantizar los derechos de quienes han garantizado nuestra supervivencia, personas que han resultado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas. Muchas de ellas personas migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de nuestras ancianas y ancianos: una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una cuarta parte está registrada en la Seguridad Social”.
Propuestas
Oxfam Intermón propone varias medidas para reducir la precariedad laboral, desde reformas estructurales que den mayor peso a sectores de más valor añadido hasta procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación.
También plantea el incremento de la inversión pública en el sector de los cuidados como residencias de personas mayores y la incorporación de las trabajadoras del hogar y cuidados al régimen general de la seguridad social.
Específicamente para los trabajadores migrantes, la ONG defiende un proceso de regularización administrativa amplio y extraordinario, que incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia, así como garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
Todo esto, según Oxfam Intermón, no puede hacerse con una recaudación fiscal que a su juicio sigue estando cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Por ello, la organización propone medidas fiscales tanto extraordinarias como estructurales, que supondrían unos ingresos de al menos 10.000 millones de euros adicionales. Entre las extraordinarias, figuran entre otras un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable.
Como medidas fiscales estructurales, Oxfam Intermón propone reformar el impuesto al Patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF o eliminar ciertos ajustes extracontables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, para que sea de al menos el 15 por ciento por parte de las grandes empresas.
Por último, la organización también recordó que, como anunció al inicio de la pandemia, a nivel mundial, la COVID-19 podría incrementar en 500 millones el número de personas en la pobreza, por lo que exige compromisos de los países donantes, incluyendo España, a una escala nunca vista para desarrollar un plan mundial de salud pública y otro de rescate económico universal.
