Castilla y León recibe más de 20 millones de euros para subvenciones estatales a la vivienda

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha transferido, en el primer trimestre del año, 354.255.600 euros a las autonomías españolas para subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, de los cuales 20.088.000 euros han sido para Castilla y León.

Esta cantidad se suma a los 328.011.606 euros transferidos por el Ministerio en 2018, 325.127.239 euros en 2019 y 446.637.200 euros en 2020, para atender estas subvenciones, lo que supone que, en total, la cantidad transferida por Mitma para ayudas estatales a la vivienda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ascienda a1.454.031.645 euros.

El Plan Estatal de Vivienda contempla un conjunto de ayudas que contribuye a facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los ciudadanos con especial atención a los más vulnerables. Las transferencias correspondientes al presupuesto del ejercicio 2021 se han realizado a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla en cumplimiento de los convenios firmados para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y de lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Este importe se destina a ayudas al alquiler para arrendatarios con menos recursos con especial atención a los jóvenes y a las personas mayores de 65 años; a ayudas a las víctimas de violencia de género, a personas sin hogar y a personas objeto de desahucio de su vivienda habitual ya ayudas para el alquiler a arrendatarios con vulnerabilidad sobrevenida a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Se dirige también a ayudar a las Administraciones Públicas y a sus organismos dependientes o vinculados para la adquisición de viviendas con objeto de incrementar el parque público de vivienda, así como a ayudas a la promoción de viviendas para ser destinadas al alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 25 años.

Asimismo, se destina al fomento de la rehabilitación de viviendas tanto en términos de sostenibilidad y mejora de eficiencia energética como a la mejora del estado de conservación y de la accesibilidad, así como al fomento de la regeneración y renovación urbana rural.