Castilla y León se encargará de coordinar una postura común de las comunidades autónomas sobre conciliación de la vida laboral y personal y sobre la brecha salarial de género para elevarla a la Unión Europea en el próximo Consejo de Ministros de la UE, dedicado a los temas de empleo y servicios sociales, que se celebrará en junio.
Así se acordó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que decidió así aprovechar la experiencia de la Comunidad derivada de la reciente elaboración y aprobación en Castilla y León de la primera Ley en España que promueve en el ámbito público y privado medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género.
Esta Ley, recordaron desde la Junta, se consensuó en el Diálogo Social. Por un lado, refuerza la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres. Por otro, trata de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género.
Asimismo, la Conferencia acordó destinar a Castilla y León ocho millones de euros de fondos estatales contra la violencia de género, o lo que es lo mismo, el 7,4 por ciento de los 100 millones de euros contemplados para 2019 en el Pacto de Estado en esta materia, más otros 586.000 euros de créditos para programas habituales.
Esas cantidades se repartieron en la reunión celebrada en Madrid a la que asistió el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo. Al término del encuentro destacó que los fondos acordados convierten a la Comunidad en “una de las más beneficiadas” y demuestra que tiene un “peso relevante” derivado de cómo se están haciendo las cosas en la lucha contra la violencia de género.
La mayor parte de esos fondos, en concreto 7,4 millones, proceden del acuerdo del Pacto de Estado que se aprobó en 2017, en la “época del anterior Gobierno” con “un amplio consenso” y que el actual Ejecutivo “está desarrollando y cumpliendo también”. Castilla y León, dijo, es “una de las comunidades más beneficiadas” debido a que “cuando se negoció el pacto en 2017, incluimos las variables que más nos convenían”.
Esas variables, aclaró, son la “ruralidad” que hace que la prestación de servicios sea “más costosa” que en los núcleos urbanos, la dispersión geográfica, “la violencia de género hacia mujeres de mayor edad” y una “elevada ejecución en años precedentes” de las partidas destinas a combatir esta lacra, a pesar del “escaso margen” que el Gobierno ha dado a las comunidades autónomas por la tardanza del último ejercicio a la hora de habilitar estos fondos.
Respecto a la ejecución presupuestaria, es decir, la que cantidad de los fondos que corresponden a cada autonómía y que se acaban finalmente empleando, el consejero desveló que Castilla y León tiene el grado de ejecución “más alto” de todas las comunidades, lo que le permite “acceder a más fondos y a gestionarlos en mejores condiciones que el resto”.
Con ello, según la Junta, la Comunidad ha mantenido los servicios y programas sobre violencia de género que ya veía desarrollando y, además, ha puesto en marcha nuevas actuaciones en el último año. Una de ellas es la del desarrollo en la Comunidad de diez nuevas prestaciones para víctimas de violencia de género incorporadas en el catálogo de servicios sociales.
Además, el Gobierno autonómico ha regulado la Red de centros y casas de acogida para víctimas, y ha puesto en marcha un sistema único de información en los Servicios Sociales que se ha traducido en más de 2.000 informes activos de violencia de género que están también a disposición de justicia, fiscalía y policía local, según datos aportados por la Junta.
A todo eso hay que sumar la firma de dos docenas de acuerdos de colaboración, diez procedimientos de actuación y siete guías y manuales. También ha puesto en marcha se ha puesto en marcha un plan de formación especializado en violencia de género para llegar a 35.000 profesionales en la materia.
“Castilla y León tiene una larga experiencia, las cosas en materia de violencia de género se están haciendo bien y el dinero está llegando allí donde se necesita que es a la integración social y laboral” de las mujeres víctimas de malos tratos, dijo al respecto Fernández Carriedo.
Además de los 7,4 millones del Pacto de Estado, Castilla y León recibirá este año 586.644 euros más procedentes de los 9,5 millones que va a destinar el Gobierno central a apoyar y cofinanciar programas y servicios que son habituales en los últimos años y que están destinadas a la mejora de la coordinación y planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, a la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género y a la atención especializada a menores expuestos a violencia de género.
A los ocho millones que va a recibir Castilla y León del Estado hay que sumar, señalaron desde la Consejería, más de 4,6 millones de euros de fondos propios del presupuesto de la Comunidad para desarrollar y consolidar las actuaciones y medidas del modelo de atención integral a víctimas ‘Objetivo Violencia Cero’.
Pionera
Otro de los aspectos tratados en la Conferencia Sectorial fue el de la acreditación de la situación de violencia de género. El consejero recordó que Castilla y León fue pionera en esta materia y, desde 2018, aplica de forma efectiva esta acreditación en la Comunidad.
De hecho, aseguran desde la consejería, la Ley de violencia de género de Castilla y León sirvió como referencia en esta materia durante la negociación del Pacto de Estado ya que era más flexible y contemplaba ya la acreditación de la situación de víctima por parte de los servicios sociales. En esta materia, la Junta considera que desde el Gobierno se han dado pasos que aparecen recogidos en el Pacto de Estado, pero aun así es necesario profundizar en los procedimientos de esa acreditación nacional, para su efectiva aplicación por los profesionales de servicios sociales de Castilla y León.
