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La Junta de Castilla y León podrá pagar en plazo a los proveedores después de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya atendido sus peticiones para que el déficit excesivo de 2015 no compute como deuda, según destacó este jueves la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se fijó ademas un nuevo objetivo de déficit para 2016 en el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB),frente al inicial del 0,3 por ciento.
En ese sentido, la consejera calificó como “favorable” para los intereses de la Comunidad el resultado de la reunión, pero reclamó un nuevo modelo de financiación autonómica. Del Olmo remarcó que el Ministerio ha accedido a autorizar a Castilla y León la exclusión del cómputo de deuda el déficit excesivo del ejercicio 2015 (algo más de 300 millones de euros) de tal manera que con esa financiación la Junta pueda pagar a los proveedores en plazo.
Hacienda había establecido en un principio, según Del Olmo, que sólo las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) estaban autorizadas por lo que la Comunidad quedaba excluida. A su juicio eso hacía “imposible” cumplir el objetivo de deuda para 2016 que está fijado en el 24,2 por ciento del PIB. “Le he pedido que nos lo autorice a nosotros también para poder pagar en plazo a los proveedores y nos lo ha concedido”, apostilló al respecto.
Del mismo modo, la consejera valoró la senda fijada para el déficit. En este sentido consideró positivo el nuevo objetivo para 2016 que el Ministerio ha fijado en el 0,7 por ciento del PIB para 2016 frente al 0,3 previsto inicialmente. “Es más que duplicarlo”, dijo. También, votó a favor de la línea prevista para los próximos tres años, según la cual el objetivo de 2017 queda en el 0,5 por ciento, el de 2018 en el 0,3 por ciento y para 2019 se fija el cero por ciento.
“Es una senda mucho más generosa porque duplica y más la que teníamos anteriormente y alarga el plazo para llegar al equilibrio”, indicó. De esa manera, a su juicio la nueva senda “hace posible cumplir con esos objetivos que compatibilizan la prestación de los servicios fundamentales con la exigencia de reducir el déficit” como obliga Bruselas.
No obstante, Del Olmo reconoció el “esfuerzo” hecho por el ministerio que “hay que agradecer a un gobierno en funciones que además lo tiene que negociar con Bruselas”. No obstante insistió en que más allá de esto “lo que tenemos que hacer es negociar el nuevo modelo de financiación” porque Castilla y León “no quiere más déficit sino tener más ingresos para poder pagar los servicios”. En este sentido añadió que aspiran a un modelo “justo” y que esa es “la primera reivindicación” que harán al nuevo gobierno que salga de las urnas.
Deuda
Por otra parte, la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España contempla unos objetivos de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas para el periodo 2017-2019 que representan el 99,1 por ciento del PIB nacional en 2016, 99 por ciento en 2017, al 97,9 por ciento en 2018 y al 96 por ciento en 2019. De esta forma, continúa el paulatino descenso de la deuda que ya se inició en 2015, después de varios años de incremento debido, fundamentalmente, al déficit público y a las medidas financieras que ha tenido que impulsar el Gobierno para facilitar liquidez a comunidades autónomas y ayuntamientos con el fin de que pudieran sostener sus servicios públicos esenciales y pagar a sus proveedores.
En coherencia con dichos objetivos y con nuevo objetivo de estabilidad propuesto, para el ejercicio 2016 se ha aprobado un objetivo de deuda pública para el conjunto de las Comunidades Autónomas del 24,2 por ciento del PIB nacional, frente al objetivo del 22,5 por ciento fijado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015. El objetivo del 22,5 por ciento para el año 2019 devolvería la deuda pública de las comunidades autónomas a los niveles que tenía a mediados de 2014.
