Castilla y León es la segunda comunidad que más peso pierde en el reparto de fondos desde 2009

Castilla y León ha recibido de media el 6,5 % en el reparto de fondos asignados por el modelo de financiación entre las 15 autonomías de régimen común desde su entrada en vigor en 2009. Hasta el último ejercicio liquidado, 2014, el porcentaje contrasta con la cuota del 7,3 % percibida con el anterior sistema, que reguló el reparto de recursos entre 2002 y 2008. El resultado es que la Comunidad ha visto reducido en más de un 10,4 % su peso relativo en la financiación autonómica, “lo que demuestra que el modelo actual ha sido perjudicial para los intereses de los castellanos y leoneses”, indican desde la Junta.

Este análisis comparativo se ha realizado tomando como referencia la cuantía que han ingresado las comunidades sin aplicar su capacidad normativa, puesto que sumar estos fondos impediría contrastar las cifras en términos homogéneos, dada la ausencia de armonización fiscal entre territorios.

Conforme a los criterios anteriores, cabe concluir que el mejor ejercicio para Castilla y León fue 2010, cuando recibió el 6,65 % de los fondos distribuidos entre las autonomías. No obstante, en dicho ejercicio se incorporaron plenamente los recursos adicionales que el Gobierno central había agregado al modelo de financiación un año antes, coincidiendo con la fecha de su aprobación. Por el contrario, 2012 marcó el peor registro para la Comunidad, con tan sólo el 6,4 % de los fondos totales.

La cuota castellana y leonesa de la financiación autonómica ha sido mayor en los ejercicios liquidados con el anterior modelo que oscilaba entre el 7,43 % logrado en 2002 y 2003, y el 7,12 % del 2008.

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda ha realizado estas mismas operaciones con el resto de comunidades de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra–, a partir de los datos oficiales de liquidación publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha calculado el promedio de la financiación recibida por cada una con cargo a los dos modelos más recientes. Extremadura y Castilla y León son las Comunidades que más han perdido en el reparto de fondos.

Castilla y León pierde 456,6 millones

Esta insuficiencia de recursos se hace especialmente patente en el caso de Castilla y León, que ha visto recortada su financiación en 456,65 millones de euros entre 2010 y 2014, es decir, un 7,4 %. En concreto, los recursos definitivos asignados por el sistema a la Comunidad han retrocedido desde los 6.166,59 millones de euros hasta los 5.709,95 millones en el mismo periodo.

Una de las causas principales de esta pérdida de financiación se explica por las reglas de reparto definidas en la ley que regula el modelo, que otorgan un peso deficiente a las variables no poblacionales –como el envejecimiento, la dispersión o la baja densidad– pese a que estas determinan un coste mayor en la prestación de los servicios públicos fundamentales. En concreto, el único fondo en el que se computan estos criterios es el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supone menos del 10 % de los recursos totales del sistema.

Una muestra del mal funcionamiento del sistema es que Castilla y León ha mantenido en el 6,2 % su peso relativo en términos de población ajustada (es decir, ponderada con las variables no demográficas) respecto al total de autonomías entre 2010 y 2014 y, pese a ello, ha reducido su cuota de participación en la financiación del modelo del 6,7 % al 6,5 % en el mismo periodo.

Acuerdo de Comunidad

Las conclusiones anteriores evidencian que el sistema es insuficiente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León en condiciones de equidad y calidad, una premisa que sirvió como punto de partida para alcanzar un acuerdo de Comunidad entre la Junta, con el presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, y todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria el pasado 12 de abril.

El documento, consensuado con todos los grupos de las Cortes, comprometía la defensa de 14 principios ante la futura reforma del modelo de financiación autonómica que acometa el próximo Gobierno.