La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pidió hoy, de nuevo, más concreción al Gobierno de España sobre el nuevo ingreso mínimo (Ingreso Mínimo Vital) que prevé aprobar en las próximas semanas para saber, por ejemplo, si esta prestación será subsidiaria a la Renta Garantizada de Ciudadanía que existe en Castilla y León. “Tenemos que saber cómo se engarzan ambos modelos”, expuso.
Al igual que hizo ayer en su comparecencia en las Cortes, Blanco reclamó al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que el nuevo ingreso mínimo sea gestionado, tramitado y financiado por el Estado. Una renta que, según los cálculos de Blanco, beneficiaría a unas 50.000 familias en Castilla y León, del total de un millón en todo el país.
“Dije al ministro que esta nueva renta podía entrar en colisión con la autonómica que, por ley, debe ser subsidiaria del ingreso vital del Estado, por tanto la última, e indefinida”, manifestó ayer y hoy se lo repitió a los sindicatos UGT y Comisiones en una reunión enmarcada en las negociaciones del Diálogo Social.
Recordó, según recogió la Agencia Ical en la rueda de prensa telemática para explicar la situación de la Comunidad en relación al Covid-19, que la cuantía mínima de la Renta Garantizada en la Comunidad es del 430,27 euros, aunque varía en función de la situación de cada familia como por ejemplo el número de hijos. También, precisó que este ingreso mínimo siempre está vinculado a la búsqueda activa de empleo, está garantizada por ley desde el año 2010, además de ser compatible con otras prestaciones y no tener límites en el tiempo.
La Junta ha registrado a lo largo del mes de abril en Castilla y León, con motivo del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, un total de 85 nuevas altas, 55 reanudaciones y 77 cambios de cuantía de Renta Garantizada de Ciudadanía.
De esta manera, un total de 9.300 familias de la Comunidad cobraron el mes pasado este Ingreso Mínimo Vital, lo que supone llegar a 22.000 beneficiarios, después de los 623 más que se ha incorporado al sistema con respecto a febrero, que recibirán en su conjunto 4,8 millones de euros en concepto de nómina mensual. Además, Blanco reconoció que ese número se incrementará, una vez finalice el confinamiento y el periodo de ‘desescalada’.
