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Ical Castilla y León se prepara durante 2014 para la futura batalla que supondrá la reforma del sistema de financiación autonómica, pospuesta hasta que la mejora económica lo permita, pero que ya sitúa a las autonomías envejecidas, despobladas y extensas en un frente común. La Comunidad presenta sus cuentas sobre el coste en la prestación de servicios con esos factores como telón de fondo y arremete contra el ejercicio de las balanzas fiscales, porque ataca directamente a la igualdad entre ciudadanos de diferentes territorios.
La financiación del día a día mejora en los mercados y la Comunidad hace alarde de su solvencia y obtiene fondos sin problemas, lo que no es óbice para que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, reivindique constantemente ante el ministerio que dirige Cristóbal Montoro mecanismos al mismo nivel que los diseñados para las autonomías con más problemas. Castilla y León se proclama “solidaria” pero no entiende que otros que no cumplen con los objetivos de déficit tengan ventajas con instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómco (FLA). El trabajo de Del Olmo obtiene su recompensa a finales del año, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 23 de diciembre, que da luz verde a un mecanismo de financiación para las autonomías que no han acudido al FLA a coste cero. Si bien, la Junta esperará a conocer “la letra pequeña” para decidir si se acoge al nuevo Fondo de Facilidad Financiera.
La reivindicación constante de la consejera también logra sus frutos cuando a mediados de septiembre, el Gobierno amplia de diez a 20 años, el plazo de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, del modelo de financiación autonómica, lo que permitirá a la Comunidad, presupuestar 124,6 millones más en 2015. Las cuentas diseñadas para 2015, presentan importantes novedades fiscales, la rebaja del tramo autonómico en el IRPF y en el conocido como céntimo sanitario, que pasa de 4,8 a 1,6 céntimos por litro, que se sumarán a las aprobadas por el Ejecutivo central.
El ministro Montoro impulsa el debate sobre la reforma del modelo de financiación, aunque advierte de que hasta que no haya una mayor tarta económica a repartir entre las autonomías, fruto de la recuperación, no tendrá sentido su modificación, algo que comparte la Comunidad. El 22 de enero, el ministerio crea el Grupo de Trabajo del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), que elaborará un informe global sobre el análisis de los efectos de la aplicación del Sistema de Financiación.
Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura se posicionan en un frente común, y celebran el 24 de febrero un encuentro interterritorial por el cambio demográfico, para abordar una estrategia nacional contra la pérdida de población y el envejecimiento y para reclamar que estas características pesen en la nueva financiación autonómica y para pedir un mayor compromiso con esta problemática a la Unión Europea (UE). Responden así a la alianza de las autonomías del mediterráneo.
El 13 de marzo, el Gobierno regional denuncia que la Comunidad ha perdido un diez por ciento de peso sobre el total de los recursos a las autonomías en el modelo de financiación vigente desde 2009, con el que no se cubren los servicios esenciales a los ciudadanos, unido a que “olvida” el 20 por ciento de competencias que se ejercen con el traspaso de 112 decretos desde el año 1983. Presenta este informe tras el Consejo de Gobierno de Castilla y León, como base para su negociación del modelo. Además, el 10 de junio, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, avanza que la Junta solicitará de nuevo las competencias en materia de Justicia cuando se conozcan el nuevo modelo.
Montoro señala a finales de junio que no quiere generar enfrentamientos entre autonomías por la financiación, pero un mes más tarde, el 23 de julio, saca las balanzas fiscales sobre 2011, donde se destaca que Castilla y León recibe 3.929 millones más de los que aporta al Estado, y es la tercera autonomía que cuenta con mejor saldo en el reparto de fondos de recursos del sistema de financiación autonómica. Del Olmo sale al quite rápidamente y considera los datos un ejercicio técnico “muy difícil”, “incompleto” y “parcial”. Al día siguiente, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, considera la publicación de las balanzas “un grave error”, que parece que persigue “desmentir el discurso del agravio”. Las cartas están sobre la mesa, aunque no hay fecha para jugar la partida.
Céntimo sanitario
Un hito importante en el año que acaba, es la sentencia del 27 de febrero, en la que el Tribunal de Justicia europeo declara ilegal el “céntimo sanitario” –el impuesto a los carburantes que aplican Castilla y León y otras comunidades autónomas para destinar su recaudación a financiar la Sanidad- al considerar que vulnera la normativa comunitaria sobre los impuestos especiales.
La Junta de Castilla y León recaudó 86,8 millones de euros en 2012 al implantar el 1 de marzo la tarifa autonómica máxima (5,81 céntimos de euro) sobre el impuesto de venta minorista de hidrocarburos. Este es el periodo de recaudación afectado por la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, hasta que se adaptó a comienzos del ejercicio pasado a la directiva europea para no vulnerarla. El Estado se hace cargo de las devoluciones e implanta un mecanismo de reclamación. Los transportistas siguen reclamando su eliminación, pero la Junta entiende que es fundamental para financiarse y no recortar servicios básicos, aunque anuncia una rebaja para 2015.
Extra empleados públicos
Por otra parte, la batalla abierta por los empleados públicos para lograr la parte íntegra de lo devengado no cobrado de la paga extra de 2012, alcanza una solución frente a la judicialización del proceso, tras numerosas sentencias a su favor. En el arranque de febrero, la Junta de Castilla y León asume que la abonará.
El 10 de abril, se produce el cuerdo de Pilar del Olmo con los sindicatos por el que el pago pendiente de los 44 días devengados de la extra de Navidad de 2012, se hará en dos partes: el 45 por ciento en mayo y el 55 por ciento en enero de 2015.
