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P.F. Astorga manifestó una vez más, en la sesión plenaria de este jueves, su disconformidad de trasladar las balas de basura de Santa María del Páramo al CTR. PSOE y PAL estuvieron de acuerdo en apoyar a las mancomunidades opositoras porque, entre otras cosas, “el CTR es un centro de tratamiento de residuos, y esa basura no se puede tratar, por lo que lo único que se haría sería colapsar el vaso”, indicaron.
Así, el equipo de gobierno llevó una moción en la que se insta a Gersul a paralizar el traslado de las balas almacenadas en la finca de El Busto, en el término municipal de Santa María del Páramo, al CTR de San Román de la Vega. Dicha propuesta de resolución fue aprobada por los diferentes grupos, a excepción del PP, que se abstuvo alegando que impugnaría la moción “porque no se puede instar Gersul, ya que no es un ente”. Los populares, con Joaquín Jarrín como portavoz, afirmaron que veían esta medida como “la mejor opción a día de hoy tanto a nivel medioambiental como económico, ya que el vaso, aun sin las balas, se colapsará en pocos años, y lo que Gersul propone es que, con el dinero de la UTE Legio VII, se construya un nuevo vaso, que supone un coste de 6 millones que si no se pagan ahora, los tendremos que pagar después”.
Este argumento no convenció ni a PSOE ni al PAL, que se reafirmaron en su postura indicando que “no hay garantías de nada” y que Astorga ya se posicionó con la mayoría de la población en contra.
Servicio de extinción de incendios
El otro asunto que llevó a debate a los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento fue el tema del Servicio de extinción de incendios y la activación del Plan Territorial de Protección Civil. Los socialistas y los leonesistas también mantuvieron posiciones similares en lo que respecta a la petición del parque profesional de bomberos, por ello aprobaron la moción de instar a la Diputación para que firme un convenio con el Parque de Bomberos de León y/0 Ponferrada para atender cualquier emergencia en lo que se toman soluciones definitivas en esta materia. También se insta a la Institución Provincial a que active, de forma “inmediata”, el Plan Territorial de Protección Civil para garantizar el amparo de los ciudadanos mediante profesionales. Este asunto también obtuvo la abstención del grupo Popular, que realizaron una réplica aludiendo al hecho de que la ley dice que las competencias de la Diputación son las de coordinar, y que “el Plan que propone supondría un coste cero para el ciudadano”. Asimismo, culparon a la regidora de ser la responsable de que actualmente Astorga no cuente con un servicio de extinción de incendios como tenía hasta el mes de mayo.
La alcaldesa tomó la palabra para ‘denunciar’ que los astorganos “somos ciudadanos de primera igual que los de León y Ponferrada, y tenemos derecho a que nos protejan profesionales, y no personas más o menos preparadas pero que no lo son”. De esta manera acusó a los populares de “conformarse con poco para proteger a los ciudadanos”.
El portavoz del PAL, Pablo Peyuca, por su parte, defendió que la solución al problema pasa por la creación de un Parque Profesional de Bomberos, aunque indicó que hay que buscar fórmulas de prevención hasta que se lleve a cabo.
La tercera moción, esta aprobada por unanimidad, vino de la mano de los leonesistas y aludió al servicio de correo postal público. Así, en la moción se insta al Gobierno Central a que tome las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público, definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios, garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español, impulsando una regulación del mercado que no recorte el plan de prestación de servicio postal a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos, asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea, desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta hacia nuevos mercados, y desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores.
