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El sindicato agrario Asaja, a raíz de la existencia de distintos proyectos en la provincia de León de promoción de parques de energía fotovoltaica, exige a sus promotores que además de negociar con el propietario de los terrenos lo hagan también con los agricultores que como arrendatarios trabaja las tierras que son de cultivo o de pastos.
En la provincia de León la mayoría de las fincas agrícolas, apuntan en un comunicado, no son de quien las trabaja, ya que la propiedad apenas alcanza el 30 por ciento, mientras que el resto de las fincas son arrendadas a particulares o propiedad de las juntas vecinales que las ceden a los vecinos. Por ello, y quizá a diferencia de otros territorios, “entenderse con los arrendatarios es una pieza decisiva si de verdad se quieren sacar adelante estos proyectos, ya que de lo contrario los arrendatarios, haciendo valer sus derechos, pueden impedir que estos proyectos salgan adelante, cuando no retrasarlos durante años en litigios interminables”, señalan.
Asaja está en contacto con muchos de los agricultores de zonas en las que se proyectan parques fotovoltaicos y afirma que utilizará todo tipo de recursos para oponerse a los mismos si no se tienen en cuenta los intereses legítimos de los agricultores arrendatarios a los que se expulsa de unas tierras que en algunos casos vienen cultivando durante décadas, y más cuando esas tierras son de entidades públicas como ayuntamientos o juntas vecinales.
Por otra parte, piden que las líneas de evacuación de la electricidad hasta conectar con Red Eléctrica Española sean subterráneas para minimizar la afección en los terrenos por los que trascurran, y en todo caso, como organización agraria mayoritaria, se opondrá a cualquier actuación de fotovoltaicas que se proyecte en tierras de regadío en la que se hayan hecho importantes inversiones públicas tras la declaración del interés general.
Por último, aseguran que no se oponen por sistema a estos proyectos de energías renovables en la provincia, pero consideran que la responsabilidad corporativa de las empresas y en todo caso la de las administraciones y los políticos que las gobiernan, deben de tener en cuenta los intereses del sector primario y en una provincia con más de un millón y medio de hectáreas de terreno, recuerdan, “no parece razonable que los promotores se fijen únicamente en las 618.000 de cultivo y pastos, las que utilizan los agricultores, y no otras de monte bajo o erial que no generan ningún tipo de recurso y cuya ocupación no perjudica a un tercero”.
