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El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta publica este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP) la información pública relativa a la autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental, para cuatro nuevos macroproyectos de energía eléctrica fotovoltaica y sus instalaciones de evacuación, respecto a los que Asaja muestra su “rotundo rechazo”.
La organización agraria advierte de que ya son 47 los proyectos presentados en la provincia de León con estas características, sumando un total de 7.148 hectáreas de cultivo, 3,3 millones de kilowatios de potencia instalada y una inversión anunciada de 1.700 millones de euros. Si todos ellos saliesen todos adelante, apuntan, generarían rentas anuales a las juntas vecinales, por el alquiler de las tierras, de unos seis millones de euros.
Se trata de cuatro propuestas promovidas por otras tantas sociedades limitadas con el mismo domicilio social en la ciudad de Sevilla, que pretenden ocupar con placas fotovoltaicas 736 hectáreas de cultivo, la mayoría de titularidad de las juntas vecinales, en los municipios de Benavides de Órbigo, Villares de Órbigo, Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo y Villamejil.
Asaja señala que estas instalaciones “expulsan a los agricultores y ganaderos locales de las fincas de cultivo y pastos que vienen aprovechando durante toda su vida laboral y se hace sin indemnización alguna ni ofrecer otra alternativa de vida”. A la ocupación de las tierras de cultivo, destacan, se suma el daño que ocasiona la red de evacuación de la energía, que en ocasiones se transporta decenas de kilómetros atravesando fincas incluso de regadío y ocasionando así perjuicios importantes por la colocación de los postes de fijación y por la servidumbre del vuelo de los tendidos.
La organización, que sigue presentando alegaciones a todos los proyectos que ven la luz, lamenta que tanto las autoridades locales -juntas vecinales y ayuntamientos- como la Junta y el Gobierno de España estén “poniendo alfombra roja” a las empresas y grandes capitales que promueven estos macroparques fotovoltaicos, despreciando las quejas y problemas de los agricultores y ganaderos y de los vecinos de los pueblos afectados.
