Áreas funcio… ¿qué?

Qué miedo hay para plantear y debatir una auténtica reforma del territorio, que modernice la división provincial de hace siglo y medio y actualice el diseño autonómico de hace ya más de treinta años. La despoblación y el envejecimiento han modificado gran parte de la España interior. Hay municipios de apenas cien habitantes que no tienen recursos ni para pagar el recibo de la luz pública cada mes. Pero, eso sí, no le digas a sus vecinos que la mejor solución es fusionarse con el municipio de al lado para ganar población y con ello, aumentar los ingresos y racionalizar los servicios. La palabra fusión entre los municipios de España es mentar la soga en casa del ahorcado y poner en marcha procesos de confrontación, casi siempre por dónde estará la sede del nuevo ayuntamiento, que pueden acabar peor que una guerra civil.

Ante esta evidencia, la Junta de Castilla y León, con un excesivo temor a las reacciones de los municipios, ha anunciado una reforma del territorio basada en áreas funcionales que se articularán en base a mancomunidades de interés general, eso sí, voluntarias. Estas mancomunidades racionalizarán el uso de servicios básicos como la sanidad, la educación, la asistencia social y la inversión en infraestructuras. Cada ayuntamiento integrante conservará su personalidad jurídica, su bandera, su nombre y su escudo. Pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué pasará con los diez o doce municipios que integran una mancomunidad cuando haya que decidir en qué localidad se pone el centro de salud, la escuela, la piscina o el centro de mayores? ¿en base a qué se van a tomar esas decisiones? ¿por el número de habitantes, renta per cápita, mayor número de ancianos, niños o mujeres, etc?

Ya hay mancomunidades en toda la provincia leonesa con el fin de gestionar servicios básicos como la captación y distribución del agua potable o la recogida de basuras. Ahora se trata de generalizar el modelo de mancomunidades.

Esta reforma, como cualquier otra, va a requerir altas dosis de pedagogía y negociación en el fin  de salvaguardar la mayor parte de los intereses locales y que nadie se sienta agraviado. Tarea difícil por no decir imposible. También es importante evitar duplicidades porque de lo que se trata es de racionalizar servicios y, con ello, hacer su prestación más eficaz y rentable. Por ello no se entiende, por ejemplo, que en El Bierzo la unidad básica del área funcional no haya sido la actual comarca, un ente que no se sabe muy bien aún para qué sirve, pero que ahora puede quedar definitivamente sin contenido con la subdivisión  de áreas funcionales o mancomunidades. Está claro que hay intereses políticos muy poderosos (PP y PSOE) que quieren que el modelo comarcal sea en El Bierzo una excepción por lo que la mejor estrategia es no probar su eficacia sino todo lo contrario, es decir vaciarla de contenido y arrinconarla como un experimento fallido.

Algún día alguien se atreverá a plantear de verdad una alternativa viable a la actual ordenación del territorio del siglo XIX y comenzar por el principio, por plantear la desaparición de las diputaciones provinciales, instituciones actualmente duplicadas y superadas por las gigantescas delegaciones provinciales de la administración autonómica. La solución debe partir del principio de más municipio y menos diputación.