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El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al sexto acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con exoneraciones de cotización ligadas a formación.
En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicaron la nueva prórroga de los ERTE acordada ayer, lunes, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
Así, se amplía el plazo de la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 y se lleva el ‘contador a 0’ de las prestaciones por desempleo del 1 de enero de 2022 actualmente vigente hasta el 31 de diciembre del próximo año, de manera que la prestación no consume del tiempo de percepción al que se tiene derecho hasta esa fecha.
Como novedad en esta prórroga, el esquema de exoneraciones de cotización para las empresas se liga a ofertar formación, siendo mayores las exenciones para las compañías que lo hagan.
Díaz expuso que “lo que hace este mecanismo es anticipar la reforma del mercado estructural del mercado de trabajo” al vincular la formación para trabajadores en ERTE con exoneraciones de cotización.
Explicó que, como la reforma del mercado laboral debe estar lista “antes del 31 de diciembre de este año”, las empresas que quieran acogerse a mecanismos de flexibilidad interna cuando se publique la nueva reforma “tendrán que adecuarse al mecanismo que ya con carácter estructural vamos a definir estos días”. Díaz señaló que los trabajos están “muy avanzados”.
Exoneraciones
En la nueva prórroga, las exoneraciones de cotización vinculadas a la formación serán del 80 por ciento en empresas con más de diez trabajadores y de menos de diez, y en el caso de que no se oferte formación en el ERTE la exoneración será del 40 por ciento en empresas de más de diez trabajadores y del 50 en las de menos.
A partir del 1 de noviembre, estará vigente este nuevo esquema y las acciones formativas deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022.
Deberán ser de 30 horas en empresas de entre 10 y 49 empleados y de 40 horas en empresas más grandes, y se incrementa el crédito para financiar esta formación.
Mientras, durante octubre, sigue vigente el modelo actual de ERTE con la diferencia de que las empresas deberán volver a solicitar los expedientes, sin que éstos se prorroguen de manera automática como venía sucediendo hasta ahora. En caso de que la administración no responda en plazo, el ERTE se entenderá renovado. En este caso, las exoneraciones para ERTE de limitación serán del 75 y del 100 por ciento en ERTE por impedimento de la actividad en empresas de menos de 50 trabajadores. Estas exenciones bajan diez puntos en cada caso para empresas con más de 50 trabajadores.
“Pensamos que va a ser bastante inusual, pero hay que dejar posibilidad de que tengan que solicitarse de nuevo por restricciones administrativas” un ERTE por impedimento o limitación, según explicó Escrivá.
Se prorrogan las cláusulas anteriores
Se reconoce una prestación extraordinaria a los fijos discontinuos, fundamentalmente para el sector turístico y para Baleares, y se mantienen las cláusulas de las prórrogas anteriores como el compromiso de mantenimiento del empleo, la prohibición de despedir, la interrupción del cómputo en contratos temporales, la prohibición de realización de horas extraordinarias, el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE, el límite para externalizar actividades mientras se perciban exoneraciones de cotización o para repartir dividendos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cifró en 1.200 millones de euros el coste que supondrá para su departamento la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022.
Indicó que esta nueva prórroga tiene “un elemento de incertidumbre algo mayor que en otros momentos” y “tenemos que ver cómo se despliegan las exoneraciones”.
Señaló que, hasta ahora, los ERTE, las prestaciones de autónomos, las exoneraciones de cotización y los procesos de incapacidad temporal han supuesto cerca de 21.000 millones de euros hasta final de septiembre para la Seguridad Social.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recordó en la rueda de prensa la cifra de la última nómina, que fue de 343 millones de euros en prestaciones por desempleo correspondientes a ERTE.
