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El portavoz de Agenda Urbana del Grupo Popular y senador del PP por León, Antonio Silván, ha denunciado que el Real Decreto Ley 1/2021 de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica “legitima un acto delictivo, ataca la propiedad privada, limita la justicia para los propietarios o tenedores de viviendas y echa por tierra la cultura del esfuerzo y del trabajo como base fundamental de la prosperidad de una persona y de la sociedad a la que pertenece”.
Silván defendió hoy, en el Pleno de la Cámara, una interpelación al Gobierno sobre las medidas que tiene previsto implementar para combatir judicialmente de forma más eficaz los casos de ocupación ilegal de viviendas y señaló que la iniciativa responde “al aumento desesperante” de casos. Recordó que, según datos del Ministerio del Interior, de 2015 a 2019 la ocupación se incrementó en un 41 por ciento y en el primer semestre de 2020 hay una media de 40 denuncias al día. “Cuarenta propietarios que diariamente se ven privados de su vivienda. un problema real que no para de crecer”, subrayó.
El parlamentario leonés criticó el “despropósito y la continua osadía normativa” del actual Gobierno. “Osadía normativa que, en el ámbito de la vivienda, y así se lo ha hecho ver ya la semana pasada el Tribunal Constitucional, vulnera todos los principios constitucionales y de seguridad jurídica propios de un país moderno y del que los españoles disfrutábamos hasta que ustedes han llegado al Gobierno”, dijo.
“Es realmente insólito que un Gobierno, que tendría que ser el máximo garante de la seguridad jurídica, de la certidumbre y de los derechos de las personas, sea la principal fuente de desconfianza y de ataque a todos esos principios legales; son ustedes únicos, ningún otro Gobierno de nuestro entorno hace esto, aunque quizás sea porque somos el único país en el que los defensores ultras de políticas comunistas anquilosadas y demostradamente fracasadas están sentados en el gobierno”, afirmó.
Según dijo, el Real Decreto Ley “es un nuevo peaje, que pagamos todos los españoles, por mantener el acuerdo de Gobierno. Peaje para que Unidas Podemos retirase la enmienda que presentó junto a EsquerraRepublicana de Catalunya y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado”.
Añadió que “no es muy normal que el Gobierno al completo enmiende sus propios decretos en apenas un mes, pero mucho nos tememos que en breve seremos testigos de nuevos enfrentamientos a costa de la Ley de Vivienda, que pasarán una vez más por una prórroga de la paralización de los desahucios, esta vez indefinida. Sabemos que esto es lo que busca el señor Iglesias y de cada cisma en el seno del Gobierno sale un nuevo coste para todos los españoles”.
“Ustedes tienen la poca catadura moral -reprochó- de utilizar la desesperación de las personas en situación de vulnerabilidad para legitimar y proteger actuaciones delictivas que nada tienen que ver con los valores y los principios de la sociedad española y, sobre todo, de la inmensa mayoría de españoles que pueden estar en situación de vulnerabilidad. No sean cobardes, si quieren legitimar delitos, díganlo claramente”, dijo.
