Ángel Luis García, ‘el patatero’, acusado de falsificación documental por querer evitar ir al juez con un certificado médico falso

Genio y figura. La UDEF ha terminado de escuchar las miles de horas de grabaciones telefónicas en el denominado caso Enredadera y, siempre según fuentes judiciales, “se podrían abrir hasta 25 causas nuevas y atribuir hasta 85 delitos más en las conversaciones encontradas en todas las ramas judiciales abiertas”. “Pero en el caso de Astorga, que se está dudando vaya a Audiencia Nacional o sea pieza aparte, llama poderosamente la atención cómo en un momento de la trama, el patatero, Ángel Luis García, logró con su abogado y un conocido médico cardiólogo, -ambos ya aparecían en las conversaciones interceptadas, en su caso para implantar la universidad UCAM a León-, añadir delitos”, señalan las mismas fuentes.

En el escrito, el fiscal considera que a los tres se les puede imputar un presunto delito de falsedad documental debido a que en cuatro conversaciones telefónicas intervenidas se deduce que el cardiólogo pudo supuestamente hacer un certificado falso para evitar que Ángel Luis García prestara declaración en un juzgado, con el conocimiento y connivencia del abogado, según se extrae de las escuchas policiales.

El ‘hallazgo casual’ se basa en conversaciones en las que el patatero cuenta que su abogado le recomienda “que se busque un amigo que le haga un certificado médico y mañana no vaya a declarar”, según la transcripción policial incluida en el sumario del caso Enredadera. El certificado serviría para retrasar una declaración de un conflicto judicial que mantiene el empresario por la venta de su negocio patatero.

Ángel Luis García era propietario de una sociedad familiar dedicada a la distribución y venta de tubérculos, Grupo AGM, y llegó a ser premiado como joven empresario y otros homenajes en la patronal, al parecer presuntamente financiados por él mismo. En 2016 vendió finalmente su empresa a un supuesto fondo de inversión, hoy implicado en la presunta estafa de iDental. Los impagos del fondo de parte del importe de la operación llevaron a los juzgados al patatero en un conflicto con los nuevos dueños de antes empresa familiar. Actualmente, la fábrica, ubicada en el polígono de Valderrey, se encuentra cerrada a cal y canto tras declarase la empresa en concurso voluntario de acreedores en el 2018 y el despido de su plantilla a través de un ERE. García también se ha visto obligado a abandonar la presidencia de El Faro Astorgano tras revelarse en las conversaciones interceptadas que el periódico servía como “arma de presión” ante el ayuntamiento astorgano. Sin embargo, sus colaboradores habituales siguen al frente del medio de comunicación.