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La acusación particular elevó este lunes, en su conclusiones definitivas del caso, la petición de cárcel para Miguel Ángel Muñoz, el presunto asesino de la norteamericana Denise Pikka a 27 años -22 por asesinato y cinco por robo con violencia-; tres más de los que solicitó al inicio del juicio con jurado popular que concluyó en la Audiencia Provincial de León.
El letrado añadió un año más a la solicitud inicial de cuatro años de prisión por robo con violencia -se le atribuye apoderarse del dinero que la peregrina portaba- y sumó otros dos a la pena reclamada por el asesinato, al considerar que aumentó intencionada y deliberadamente el dolor del ofendido (en este caso la familia de la víctima), ocasionando un sufrimiento adicional innecesario al mantener oculto el cadáver durante seis meses.
También incidió en la actitud de mofa que mantuvo en algunos momentos de la reconstrucción de los hechos y a que no colaboró lo necesario -por ejemplo, no desveló dónde enterró las manos amputadas a Denise- y se negó a la toma de muestras para realizar las pruebas de ADN.
En la defensa de sus conclusiones, remarcó que Denise tuvo una muerte “brutal”, con golpes en cabeza, tórax, mandíbula, pérdida de piezas dentales y corte en el cuello, además de sufrir la amputación de ambas manos, que nunca fueron localizadas. La acusación particular reclama una indemnización de 100.000 euros para el hermano de la fallecida y 150.000 para cada uno de los progenitores, además del importe de los 1.132 dólares que se considera que le fueron robados.
La fiscal, por su parte, mantuvo su planteamiento de una pena de 20 años por un delito de asesinato y cinco más por un delito de robo con violencia. En su intervención recordó que el acusado ofreció muchos datos de qué había hecho con el cadáver de Denise pero ofreció una versión más difusa de lo ocurrido en el momento de la agresión que le provocó la muerte.
También remarcó que el examen forense determinó que el acusado no padece ningún tipo de trastorno mental, como sostiene la defensa. Concluyó su exposición apelando al recuerdo de la víctima. “Cuando hagan el Camino -dado que varios han dicho que lo tienen pendiente- su mente va a volver a estos días y les acompañará la memoria de Denise Pikka Thiem”, dijo a los miembros del jurado.
La fiscal propone en concepto de responsabilidad civil una indemnización a los padres de la víctima, Seng y Dalia Thiem, de 80.000 euros y al hermano, Cedric Kin Fai Thiem, de 30.000 euros, así como el pago a los progenitores de los 1.132 dólares americanos que el acusado cambió en una entidad bancaria de Astorga días después del crimen.
Por su parte, el letrado que representa al acusado solicitó que se retire la eximente de alteración en la percepción que había planteado al comienzo del juicio pero pide que se mantenga la de trastorno límite de la personalidad y trastorno explosivo intermitente; dolencias que atribuye a su representado.
El abogado defensor expuso hoy que su cliente no pudo matar a Denise el 5 de abril de 2015 como se le imputa porque el día 6 de abril la tarjeta de crédito de la peregrina tenía registrado el cargo de un pago hecho en un hostal de Hospital de Órbigo. Cabe recordar que durante la fase de instrucción del caso se explicó que el cargo se hizo el día 6 por ser lunes, aunque el pago se efectuase con anterioridad, dado que durante el fin de semana no se aplican dichos cargos en las cuentas bancarias.
El acusado rechazó hoy hacer uso del último turno de palabra, que le concede la Ley del Jurado y se limitó a decir que “no iba a declarar”. Tampoco lo hizo al inicio del juicio que comenzó a desarrollarse el martes 14 de marzo, tras la constitución del jurado. En aquella ocasión su abogado aludió a que no se encontraba en condiciones de hacerlo por el cansancio y la presión acumuladas; hoy señaló que no le pareció oportuno que hablase.
Además de solicitar que se considere no culpable a su representado, el letrado de Miguel Ángel Muñoz -que anunció que elevará al Tribunal Supremo su denuncia por supuesta vulneración de los derechos de su cliete- reclamó la disolución anticipada del jurado, al considerar que no existía prueba de cargo suficiente para juzgarle.
El magistrado que preside la sala consideró que no había lugar a esa petición de disolución, además de recalcar que se hizo de forma extemporánea. Mañana el jurado recibirá el cuestionario al que debe responder para determinar su veredicto sobre los dos delitos que se le imputan al acusado y comenzará la deliberación.
