Abierto el plazo para que los ayuntamientos en riesgo financiero soliciten las ayudas de apoyo del Gobierno

El Ministerio de Hacienda ha abierto este jueves el plazo para que los ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero puedan presentar sus solicitudes para acogerse a diversas medidas de apoyo, algo que podrán hacer hasta el próximo 22 de octubre. Con estas medidas se pretende que las localidades que presentan situaciones de riesgo tengan un mayor margen de maniobra financiero y puedan cumplir con sus obligaciones de pago.

Fue el pasado 14 de marzo cuando la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó una serie de medidas de apoyo financiero a las entidades locales en situación más delicada. Estas medidas se centraron en la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y de los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo de Financiación a entidades locales. El objetivo del conjunto de estas medidas acordadas es que los ayuntamientos que presentan situaciones de riesgo puedan cumplir con los pagos de las cuotas de los préstamos adquiridos.

En concreto, los ayuntamientos podrán solicitar mejoras en las condiciones financieras de los préstamos ligados al Fondo de Financiación a Entidades Locales, que se creó con tres compartimentos, de los que los más relevantes son el Fondo de Ordenación, y el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales (FFPP).

Las medidas a las que podrán acogerse desde esta semana son los préstamos formalizados con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, que se agruparán en un solo crédito, mejorando las condiciones financieras en los períodos de amortización y de carencia. Esta medida beneficia a 556 ayuntamientos, que deberán aprobar acuerdos plenarios para modificar las condiciones financieras de los préstamos que resulten tras esta agrupación. La deuda afectada suma 5.459,7 millones (el 84 por ciento del total) y contará con un período de carencia de dos años (2020 y 2021).

Además, los ayuntamientos que se encuentren en una peor situación financiera podrán acceder a ventajas adicionales. En estos casos, los préstamos agrupados en un único crédito verán incrementado el período de amortización en diez años. Esta medida tiene un carácter voluntario y podrá beneficiar a 80 municipios, con una deuda viva de 2.203,21 millones de euros.