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DA Astorga junto a Carrizo y a los once ayuntamientos que conforman las Mancomunidades del Órbigo y de la Cepeda han formalizado, este viernes, sendas denuncias ante la Fiscalía de León y el Seprona de la Guardia Civil por la posible comisión de un delito penal contra el Medio Ambiente por el depósito que continúa ejecutándose de cerca de 500.000 toneladas de basura en el centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega.
Los trece municipios del entorno del CTR aportan al Fiscal de Medio Ambiente y al Seprona estos escritos registrados esta mañana y todo tipo de pruebas documentales y gráficas para que se investigue “hasta las últimas consecuencias” la responsabilidad de quienes dirigen el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul) y de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII, que continúa realizando el traslado de la basura.
Los denunciantes argumentan que los miles de fardos de basura de León y su alfoz, depositados desde hace 13 años en la finca El Busto de Santa María del Páramo, “pueden contaminar de forma irreversible la zona de influencia y sus acuíferos, dado que se trata de basura sin tratamiento alguno” afirmá el portavoz del frente municipal y alcalde de Villaobispo de Otero, Joaquín LLamas.
Además, en esta misma jornada las mancomunidades y los ayuntamientos han registrado ante la Junta de Castilla y León varios escritos dirigidos al director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, advirtiéndoles a todos ellos del riesgo cierto de lo que los municipios consideran “un desastre ambiental y un despropósito ecológico” indica el portavoz.
“Dejación” de la Junta
Los ayuntamientos recuerdan que “la administración autonómica, que es la primera que habría de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental, hace posible dejación de sus funciones”.
Además destacan que el Gersul y la UTE están incumpliendo las condiciones impuestas por la Junta para aprobar la autorización de vertido de 28 de agosto, entre otras muchas que la mayor parte de los camiones no se pesan a su llegada a la planta de San Román, por lo que hay “absoluto descontrol” sobre su volumen real. Por todo ello, los municipios afectados y denunciantes inciden en un comunicado en que la Junta será corresponsable de los efectos ambientales que afecten a la zona por la llegada diaria de 6.000 toneladas sin control ni tratamiento previo.
Añaden que se trata de frenar “una atrocidad” en beneficio de toda la provincia. Para los ayuntamientos afectados la Administración autonómica será tan responsables como el consorcio Gersul y la empresa Legio VII lo serán del colapso de las basuras de los 211 ayuntamientos de la provincia leonesa si algún tribunal les acaba dando la razón, bien a raíz de la denuncia impulsada este viernes o del Contencioso interpuesto hace semanas para “frenar esta atrocidad que siguen cometiendo”. Cabe recordar que el frente municipal tiene recurrida la decisión de retomar los vertidos tras la paralización cautelar y urgente de paralización del pasado mes.
Se trata, a juicio de Llamas, “no sólo de un riesgo enorme para los que tenemos cerca el CTR sino, a la postre, para toda la provincia, cuyos intereses también estamos defendiendo con estas decisiones a las que nos aboca la actitud irreflexiva y abusiva de la Diputación, el consorcio que ésta preside y la empresa adjudicataria”. Porque “está en juego el futuro de todo el sistema de tratamiento de la provincia leonesa”, defiende portavoz. Además de colapsar el CTR, el frente cree irracional que la UTE esté cobrando por estos vertidos del dinero que pagan todos los ciudadanos de la provincia, cuando en su día ya se le pagaron millones para que se hiciera cargo de poner fin a esta solución temporal.
Postura del Consorcio
Los denunciantes afirman que la decisión de impulsar estas nuevas iniciativas surge de la “decisión sosegada y unánime” de todas las corporaciones tras el último intento de diálogo materializado en una reunión con el presidente de Gersul y diputado provincial, José Antonio Velasco, y la evidencia de que el consorcio no ha valorado ni admitido ni una sola de las tres reclamaciones que defienden los 13 municipios: la paralización inmediata de los vertidos en el CTR de los fardos de basura; el correcto funcionamiento y gestión de esta planta, que “brilla por su ausencia desde su inauguración”; y el establecimiento de medidas de control de seguridad y funcionamiento por parte de los municipios afectados.
“Nuevamente se ha demostrado, como desde hace meses, que el diálogo que siempre hemos buscado no ha servido de nada y continúan una huida hacia delante muy peligrosa para nuestras comarcas, y para toda la provincia, que no podemos consentir por más tiempo”, concluyó el portavoz del frente.
